Representantes de la sociedad civil de Chimalhuacán, alzaron sus voces frente al edificio de Palacio Nacional para solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, fortalecer los operativos de la Guardia Nacional en las zonas más conflictivas en la localidad y se restablezca el orden constitucional roto por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Organización Antorcha Campesina.

Explicaron que en los últimos 20 años los gobernantes emanados de Antorcha han violado de manera sistemática las garantías individuales y hecho de la tortura su principal arma para fabricar delitos. “Ya no se debe permitir que la ola de violencia siga desangrando a Chimalhuacán”—manifestaron.

Chimalhuacanenses entregaron a la Dirección de Atención Ciudadana un documento en el que piden se investigue al personal del Ministerio Publico del municipio, a la Policía de Investigación, a la Estatal y a la Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, a fin de detectar sus vínculos con la Organización Antorcha Campesina, y de comprobarse su responsabilidad en algún ilícito sean destituidos.

Los habitantes de Chimalhuacán recalcaron que desde el 18 de agosto del 2000, cuando Antorcha se hizo del poder por medio de la violencia, la cual ocasionó más de 10 muertos, se vive un estado sin ley.

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En el texto se menciona que el promotor de la inestabilidad e ingobernabilidad que prevalece en la alcaldía es Jesús Tolentino Román Bojórquez, quien ha contado con la protección de los regímenes priistas de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y los últimos cuatro años, con el Alfredo del Mazo Maza.

Asimismo, los representantes de la sociedad civil exigieron el esclarecimiento de los asesinatos de José Luis Vargas, Juan Carlos Canto y Gabriel Chavarría, así como la agresión a Pablo Colores para deslindar responsabilidades y llevar a los responsables ante la justicia.

Aseguraron que los órganos de procuración y administración de justicia han sido rebasados y se percibe complicidad entre los asesinos y policías, lo cual explica el grado de impunidad y abuso de poder corrupto, de los aparatos de justicia.

La Fiscalía de Justicia y los titulares de los Ministerio Público de Chimalhuacán, se han coludido para proteger a los delincuentes y garantizar impunidad en delitos como secuestro, despojo de tierras y casas habitación, violaciones a menores de edad, homicidios, extorsión a comerciantes, asaltos en el transporte público, cohecho, abuso de autoridad, contrabando, tráfico de mujeres, robo de niños, tráfico de órganos y asociación delictuosa.

De la misma manera, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Chimalhuacán, se encuentra cooptada por el grupo en el poder, pues a designado en todas las administraciones antorchistas, a personas allegadas a la administración municipal.

Alertaron sobre la posibilidad de que, con el inicio del proceso electoral, se recrudezca la violencia, por lo que externaron su preocupación por la falta de garantías para ejercer sus derechos a la participación política y libertad de expresión. “Queremos garantías y medidas de prevención para que en caso de que la ciudadanía decida un cambio de gobierno en el municipio, éste sea de manera pacífica e institucional”.

Finalmente señalaron que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) sostiene que en el Estado de México y, en especial, en Chimalhuacán, se han incrementado los feminicidios, de los cuales el 95 por ciento han quedado sin castigo.

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