Nuevamente ex trabajadores ferrocarrileros exigen al Gobierno de México el cabal cumplimiento del compromiso anunciado en el 2022 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual debe dar inicio el Proyecto de Justicia Social para miles de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, ya que muchos de esos trabajadores del riel se están muriendo.
Asimismo, piden que la titular de Segob, Luisa María Alcalde, reconozca los acuerdos que se tomaron en la gestión de Adán Augusto López, "ella no puede negar algo que ya se aprobó y aún no se concreta".
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A medida de presión, tres ferrocarrileros pretendían, por un momento, prenderse fuego frente a Palacio Nacional, como acto de protesta por dicho incumplimiento de las autoridades mexicanas. Sin embargo, cancelaron dicha acción y sólo dijeron que la posponen hasta saber cuál serán las respuestas del gobierno federal. Ya que mañana tendrán una reunión con el jefe de la unidad de atención a organizaciones civiles.
En conferencia de prensa, el secretario general, Eduardo Canales, del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción SIndical (FERRO) y los delegados en diversas zonas del país como Guadalupe Brito, José Luis Godínez Rasgado y Salvador García, expuso el incumplimiento del gobierno federal del acuerdo para iniciar el Proyecto de Justicia Social que se trabajó por un año y medio; dijo que en ese momento AMLO reconoció que daño que se había causado a los ferrocarrileros por la privatización e instruyó al entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se elaborada dicho proyecto de justicia social.
Para integrar dicho proyecto se integraron 20 mesas de trabajo, se elaboró un proyecto para que los extrajadores del riel obtuvieran una compensación única por los años de servicio, que más o menos se fijó en más de 22 mil pesos por año para cada trabajador. "Una cantidad fija por cada año de servicio que haya tenido cada trabajador", citó.
Canales contó que ellos creyeron al darse el cambio en Segob, donde llegó la ex secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, iba a tener continuidad su proyecto acordo. "Pero se encontraron con una posición más cerrada y radical y desconocieron los acuerdos con la administración anterior en esa dependencia".
Recordó que en los dos años y medio de lucha han realizado 4 acciones importantes, el cierre de la frontera norte en Ciudad Juárez, el cierre de dos fronteras en Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, el cierre de las dos fronteras, con el bloqueo de tramos del Tren Maya y el Interoceánico, y la cuerta actividad era prenderse fuego frente a Palacio Nacional", todo ello en protesta por la falta de cumplimiento de este acuerdo y ante la actitud “de engaño” por parte de SEGOB y de su titular, Luisa María Alcalde.
Es importante recordar que hace dos años, los trabajadores del riel entregaron a la Secretaría de Gobernación tres listas de los liquidados, no liquidados y jubilados, para que puedan ser beneficiados del Programa de Compensación Económica y Justicia Social prometido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como sucedió con ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y la CFE.
Ellos, están afiliados a uno de los sindicatos disidentes del gremio, FERRO, quienes denuncian que a mediados de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un Proyecto de Justicia Social con el que se comprometió a cumplir sus demandas, el cual hasta ahora no se ha concretado. Por lo que piden la primer mandatario cumplir con su palabra.
Los integrantes de FERRO y organizaciones afines, recordaron que el 25 de mayo de 2022, en la conferencia mañanera, el presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación a elaborar un Proyecto de Justicia Social en favor de los ferrocarrileros afectados por la privatización de FFCC NdeM, proceso que dio fin después de un considerable número de reuniones, el 27 de noviembre del 2023.
Los representantes de los ex ferrocarrileros externaron que la situación de los miles de extrabajadores y sus familias es “totalmente desesperada y su tiempo se está acabando”, por lo que buscan no llegar al final de su vida en la miseria, por lo que este Proyecto de Justicia Social es la única alternativa por lo menos para cerca de 4,000 extrabajadores y posteriormente para más que podrían sumarse al mismo.
Describieron que uno de los supuestos argumentos de las autoridades fue que los recursos destinados para este proyecto de compensación económica se destinarían a pagar laudos ganados por cientos de ferrocarrileros cuyos procesos legales fueron a su favor después de la privación del sistema ferroviario mexicano.
Existe un proyecto de justicia social dentro de la minuta, "ellos no dicen que no, pero comentan que el gobierno en este momento no tiene capacidad económica de darle seguimiento", recordó el líder de los ferrocarrileros en retiro.
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