Luego de que el gobierno capitalino presentó los nuevos proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México los criticó y describió como ilegales, debido a que todos los instrumentos de planeación tienen que armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso, lo que no se hizo.
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Dentro de ese contexto, el presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo en el recinto de Donceles y Allende, el panista Ricardo Rubio Torres, dijo que es de extrañar que tanto el plan como el programa no los haya presentado la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, sino el titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), Martí Batres Guadarrama.
En entrevista sostuvo que es algo que no puede tomarse a la ligera porque los programas sectoriales, institucionales, especiales y de las alcaldías se sujetarán al Plan General de Desarrollo y, en su caso, a los programas de ordenamiento territorial correspondientes.
A su vez, la diputada de Acción Nacional, Gabriela Salido Magos refirió que se trata de “un intento más por sorprender a la ciudadanía con los documentos de planeación a 20 años, y la jefa de gobierno cae en contradicción con lo ofrecido en diciembre, cuando incluso, habló de reponer el procedimiento”.
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Señaló que, sin embargo, de manera formal y legal, nunca dejó sin efectos la convocatoria que ella misma emitió, al tiempo que precisó que la responsable de la administración capitalina “ahora presume tener consenso ciudadano, pero la misma ciudadanía dice desconocer el contenido de los documentos”.
Comentó, también en entrevista, que el procedimiento para que la metrópoli cuente con un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, se encuentra vencido, porque incluso, esos documentos deberían ser vigentes desde octubre pasado.
“Recordemos que la Constitución y la Ley establecen tiempos y un procedimiento a seguir para la aprobación del PGD y PGOT en el Congreso, además, hay pendientes iniciativas en la materia que no pueden ser analizadas este periodo ordinario, por lo que debemos esperar las condiciones legales para saber si los documentos cumplen o no, y muy importante, si tienen el respaldo de la ciudadanía”, delineó.
Los de la fracción parlamentaria blanquiazul externaron que lo que más preocupa es que con actos dictatoriales, se pretenda la comercialización discrecional del suelo en la capital del país, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).
Echar abajo el perverso plan
“Estaremos al tanto de estos productos y convocamos a todas las organizaciones involucradas para echar abajo este perverso plan”, expresó Ricardo Rubio.
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Resulta que tras suspender en diciembre de 2022 la consulta para la planeación de la Ciudad de México, la administración local anunció la presentación de nuevos instrumentos de planeación.
Sin presencia de Sheinbaum Pardo, autoridades del gobierno central refirieron que después de escuchar y recibir observaciones a los documentos difundidos el año anterior, se integraron las casi 14 mil quinientas participaciones, lo que resulta en los nuevos documentos anunciados.
Gabriela Salido puntualizó que “como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) no terminó de conformarse, y por cierto no tiene titular, por ser ahí donde se originan, el PGD y PGOT que se anuncian tienen vicios que los hace ilegales”.
Martí Batres, en su momento, explicó que los documentos fueron aprobados por el IPDP y cuentan con respaldo de la ciudadanía, expertos y pueblos y barrios originarios.
A ello, la congresista del PAN declaró: “hasta ahora, son documentos totalmente desconocidos, incluso oficialmente no han sido difundidos, por el contrario, la ciudadanía que dijeron estaba representada, igual que la academia, han negado conocer y avalar su contenido”.
Comentó que se habló de un acuerdo que tiene la SECGOB, la Alcaldía Milpa Alta y habitantes de los pueblos y barrios de esa demarcación, para que no se apliquen legal y administrativamente el PGD y el PGOT en este territorio.
En ese sentido, Salido Magos refirió: “la Constitución no dejó discrecionalidad a las alcaldías o a una dependencia de gobierno para determinar si aplica o no el programa de ordenamiento territorial, por lo que se deben revisar los alcances de ese acuerdo que tampoco es público, y además de ser discriminatorio por sí mismo, respecto de otros pueblos, barrios o comunidades indígenas residentes en esa, y otras alcaldías, estaría extralimitando facultades de las autoridades”.
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