Se carece en el país de una Ley General de Zonas Metropolitanas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla en ninguno de sus artículos una sola mención a la definición de estas.
En relación a lo anterior, se requiere impulsar una mejor legislación en la materia, para atender y resolver con más celeridad y certeza los problemas de desarrollo, tanto a nivel local como nacional.
Mientras que resulta fundamental dar una definición de zona metropolitana en la legislación local y federal, distinguir la Megalópolis de la Ciudad de México, las zonas metropolitanas y zonas conurbadas.
Entre otras cuestiones, también en el ámbito legislativo, se tiene que establecer una arquitectura de gobernanza y coordinación periódica obligatoria entre iguales, gobiernos municipales, así como contemplar el proceso de declaratoria de una zona.
Dentro de ese contexto, el secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, el panista Mario Gerardo Riestra Piña, estableció que únicamente 8 de las 32 entidades del país, tienen legislación en esta materia; hay 74 zonas metropolitanas y ellas contemplan 78 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Hizo notar que, en la última década, en el recinto de San Lázaro, se han ingresado más de 100 iniciativas relativas a las zonas metropolitanas, sin que se haya logrado tener una ley general en la materia y que en la Constitución se contemplen.
Se refirió a la necesidad de establecer un mecanismo de gobernanza para las zonas metropolitanas, porque en la actualidad no existe la obligatoriedad de institucionalizar la planeación del ordenamiento territorial y definir claramente los tipos de zonas, áreas y profundidad, porque no es lo mismo una megalópolis que una zona metropolitana.
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“El enfoque metropolitano no debe verse como una amenaza de autonomía municipal, sino como un complemento para su desarrollo”, acotó.
A su vez, el diputado federal de Morena, Rene Galindo Bustamante, en el marco del foro “Diálogos metropolitanos: buenas prácticas y gobernanza”, informó que de manera particular trabaja en la creación de una ley de coordinación de zonas metropolitanas.
Se trata, dijo, de que existan órganos rectores en los que formen parte los concejos, investigadores y representantes populares, sin alterar la soberanía y autonomía de cada entidad.
“Debe existir una coordinación no sólo de las instituciones, sino con la ciudadanía, que es reflejo de la real democracia”, aclaró.
En ese ejercicio de intercambio de ideas organizado por la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, que preside María Elena Limón García, de Movimiento Ciudadano, el legislador priista Alan Castellanos Ramírez calificó de primordial que se restituya el Fondo Metropolitano.
Asimismo, que se fortalezcan las instituciones, atender la falta de recursos, así como homologar los conceptos y criterios.
Opinó que la Comisión de Zonas Metropolitanas tiene el tiempo suficiente para generar una nueva ley en la materia, siempre y cuando exista voluntad política.
Por el PVEM, la representante popular en San Lázaro, Sonia Mendoza Díaz, detalló que se tiene que enriquecer el quehacer legislativo con puntos de vista de académicos, sociedad civil y funcionarios públicos, y con ello generar productos que atiendan eficazmente las necesidades de la ciudadanía.
Académicos y legisladores intercambiaron opiniones y dialogaron sobre cómo mejorar la gestión de las políticas en materia de zonas metropolitanas. El investigador y profesor de El Colegio de Jalisco, Alberto Arellano Ríos, planteó la necesidad de crear fondos concurrentes, premios y castigos en cuanto a la recaudación de los municipios, con el objetivo de reconocer a los gobiernos que tengan finanzas sanas.
Por su parte, el profesor e investigador del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, Magdiel Gómez Muñiz, opinó que la legislación en materia de zonas metropolitanas tendrá que integrar una agenda verde, ciudades incluyentes para personas vulnerables y adultos mayores.
De igual forma, abundó, la seguridad ontológica metropolitana bajo un modelo pentahélice, con participación de universidades, sociedad civil, iniciativa privada, sector tecnológico y gobierno.
El director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana, Mario Silva Rodríguez, expuso que las metrópolis necesitan construir políticas públicas comunes y que en las discusiones de análisis participen los municipios, a fin de promover la planeación en las obras y servicios.
Pidió a los diputados poner orden en los conceptos de megalópolis y áreas metropolitanas.
Al participar, el coordinador del Instituto Metropolitano de Planeación de Ocotlán, Jalisco, Luis Arturo Macías García, expresó que las diferentes zonas metropolitanas del país enfrentan retos particulares, lo cual da la oportunidad de generar un nuevo diseño de metrópoli que sea amigable con el ciudadano y se observen los parámetros ligados a la pobreza y marginación.
En mesas de trabajo se expusieron temas relativos a la política nacional de suelo, buenas prácticas del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo, y las metrópolis mexicanas frente al estrés hídrico y la emergencia climática, con la participación de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) respecto a los desafíos y oportunidades en la coordinación y planeación del desarrollo metropolitano.
La diputada Limón García consideró necesario que todos los municipios tengan aportaciones y propuestas, para que puedan ser integradas en la legislación que se proponga, a fin de atender los problemas de desarrollo con certeza.
“A lo largo de los años se ve el beneficio de que los municipios tengan aporte político y de poner al frente de las decisiones a los ciudadanos; tenemos que saber cuál es la ruta a seguir, por eso vamos a escuchar e integrar las propuestas”, delineó.
Aludió la importancia de un trabajo interinstitucional para atender las grandes problemáticas de las zonas metropolitanas, mediante la construcción de políticas públicas y un marco regulatorio en la materia.
Llamó a analizar los diversos desafíos que enfrentan las zonas metropolitanas del país e identificar las soluciones que fomenten sostenibilidad, resiliencia, equidad y derecho a la ciudad.
Estuvo de acuerdo con el diputado del PRI Castellanos Ramírez, en que es necesario regrese el Fondo Metropolitano, que promovía la consolidación urbana; aceptó que se trata de un tema que dará mucho a analizar y también a polemizar.
Convocó a reflexionar sobre el estado que guarda la posición metropolitana en el país y describió como vital promover el diálogo sobre el mecanismo que conduzca a la cooperación, colaboración y coordinación entre entes municipales, a pesar de los distintos signos políticos.
“Lo que importa son las y los ciudadanos. Debemos poner a las personas en el centro de los debates; los desafíos de estas zonas cuadran similitudes, pero evidentemente también hay diferencias”, puntualizó.
La presidenta de la Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, diputada del PRI Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, dijo que la gobernanza permite garantizar los bienes públicos considerados como básicos. Afirmó que las zonas metropolitanas exigen un amplio enfoque y una visión regional.
Dio cuenta que 55 por ciento de la población mundial vive en zonas metropolitanas; 7 de cada 10 personas para el 2050 habitarán en ellas. Además, 80 por ciento de los mexicanos viven en ellas, y seis de cada diez “habitamos en alguna de las 13 zonas metropolitanas que tienen más de un millón de personas”.
Calificó de importante generar un marco normativo que vaya más allá de quien esté gobernando, que sea robusto, dé respuesta y genere estructuras de gobernanza. También, reconocer en la Constitución el fenómeno metropolitano, contemplar el derecho a la ciudad, definir el marco legal, asignar recursos para un Fondo Metropolitano y otorgar mayores facultades a los municipios, crear una entidad con una visión metropolitana para desarrollar e interponer instrumentos de planificación.
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La diputada de Morena Raquel Bonilla Herrera, respaldó la propuesta de una reforma constitucional sobre zonas metropolitanas, y anunció que presentará una iniciativa en ese sentido, a efecto de que se promueva desde el Estado la coordinación y planeación de las zonas y de ahí partir hacia la ley general.
Expuso que se requiere de un marco jurídico para establecer las bases en cada una de las zonas metropolitanas, “independientemente de lo que puedan aportar los estados para solventar las particularidades de cada uno; es vital una visión integral a futuro, la cual venga acompañada de una correcta planeación”.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso de Puebla, Aurora Sierra Rodríguez, sugirió crear consejos consultivos metropolitanos, a fin de que la ciudadanía comente las necesidades reales de sus colonias y localidades, además de que los municipios tengan estrategias para la integración y homologación en la asignación de presupuesto para brindar mejores servicios a la población.
El representante de la sociedad civil, José Antonio Quintana Gómez, propuso que se genere una agenda metropolitana con puntos claros en seguridad pública, transporte y movilidad, donde se respeten los derechos humanos a la movilidad y a la ciudad, que estén alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se realice una homologación de trámites, fortalecimiento de planes municipales y que la ciudadanía pueda participar en los consejos y observatorios urbanos.
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