La mañana de ese jueves, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, entregó al Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de reformas a su estructura orgánica, para hacer más eficiente la procuración de justicia.
Explicó que esta es la segunda ocasión en que utiliza la facultad de la Fiscalía de presentar iniciativas, la anterior fue la presentación de la llamada Ley Ingrid y en esta ocasión entrega esta propuesta para reordenar internamente a la dependencia.
Agregó que está dispuesta a atender cualquier llamado de los legisladores para aclarar dudas y recordó que el Congreso está en proceso de designación del Consejo Ciudadano, tras lo cual iniciarán las consultas del Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución que entregó el 1 de febrero.
A su vez, el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Zamorano Esparza, aseguró que atenderán esta iniciativa de la Fiscalía y aseguró que todo es perfectible, por lo que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia iniciará su análisis.
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Al inicio de la sesión ordinaria, el diputado Jorge Gaviño reclamó que no hayan sido convocados los integrantes de la mesa directiva y los coordinadores parlamentarios a la presentación de esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Investigación sólida sobre S. Taboada
Por otra parte, otro de los temas que tocó la fiscal durante su vista al Congreso de La CDMX, fue el tema del alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, al afirmar que sus investigaciones son científicas y sólidas.
La noche del miércoles, el alcalde aseguró que es víctima de persecución política por sus serias aspiraciones a la jefatura de Gobierno, a lo que la fiscal dijo que sus investigaciones son serias.
“Las investigaciones son investigaciones serias, investigaciones que tienen bases incluso científicas, son sólidas y esas son las imputaciones que estamos haciendo ante los jueces de control”.
“Recuerden que a nosotros nos revisan nuestra actuación los tribunales. Nosotros los ponemos y los tribunales deciden si hay o no posibilidad de que alguien entre, o sea vinculado a proceso”.
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