A través de cambios a la Constitución de la Ciudad de México, en el Congreso capitalino será materia de análisis el suspender los derechos a acceder a cargos públicos y el aspirar a alguna candidatura por parte de las personas acusadas de violencia de género.
Lo anterior, al promover el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el recinto de Donceles y Allende, Jorge Gaviño Ambriz, una iniciativa para que la constitución local prohíba el desempeño de cargos públicos y el registro de candidaturas a un puesto de elección popular a personas con sentencia firme por violentar a alguna mujer.
Al fundamentar en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México su propuesta, el diputado perredista explicó que se trata de adicionar el numeral 11 al apartado C del artículo 10 de la Constitución capitalina en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
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En el documento turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales del Poder Legislativo local, el representante popular de la Revolución Democrática expuso que se pretende armonizar las constituciones local y federal.
Impedidas de cargo público
Abundó que el objetivo es impedir que personas sentenciadas por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, ni por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, accedan a cargos públicos.
Reformas a los artículos 38 y 102
Dio cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la federal, fue modificada en esta materia por el decreto por el que se reforman los artículos 38 y 102 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.
Explicó que el decreto, en su artículo segundo transitorio, obliga a las legislaturas de las entidades federativas, a ajustar sus constituciones y legislación, con el objetivo de dar cumplimiento, además de establecer la suspensión de derechos para la ocupación de cargos o empleos públicos, en la forma y términos que la propia Constitución federal previene.
Por lo anterior, Gaviño Ambriz urgió a armonizar la Constitución local con la federal en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, mediante la adición del numeral 11 al apartado C del artículo 10.
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