Endurecer castigo a quienes involucran a menores en delitos

Urgen cambios al artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal y de esta forma dejarlos más tiempo en reclusión

Arturo R. Pansza | LA PRENSA

  · sábado 21 de noviembre de 2020

Personas adulas que están detrás de los delitos utilizan a menores de edad como supuestos autores materiales para cometer los hechos, con el objetivo de que no obtengan una pena mayor, lo que obliga a emprender cambios al artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal y de esta forma dejar más tiempo en la cárcel a quienes involucran a niños y adolescentes y sus fechorías.

Ante esa consideración, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, promueve mediante una iniciativa que se contemple el imponer de 20 a 50 años de prisión a quien cometa homicidio calificado; incrementar hasta en una mitad la pena, cuando el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.

Los diputados panistas Héctor Barrera Marmolejo, Christian Damián Von Roerich de la Isla y Federico Döring Casar, en el documento que promueven, fundamentaron que, de 2016 a la fecha, solamente 20 por ciento de las carpetas de investigación han terminado en algún tipo de sentencia condenatoria, cuando se trata de casos en los que están involucrados menores de edad.

Mencionaron que la Red por los Derechos de la Infancia en México ha logrado documentar el uso de niños y adolescentes, por parte de miembros del crimen organizado para cometer delitos tan graves como el homicidio, lo que incluso provoca se cuente con toda una generación de menores sicarios.

En la propuesta, los del PAN dejaron asentado que “la comodidad para esos grupos criminales de reclutar a personas menores de edad descansa en el hecho de que una vez logrado el objetivo no les sirven más o, incluso, las muertes de ellas y ellos no representan ninguna carga, toda vez que su objetivo único era unirlos a las filas criminales sin darles ningún tipo de valía”.

Argumentaron que el pasado 11 de noviembre, se hizo público que, una vez más, un menor de edad se vio involucrado en actos violentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un adolescente de 15 años fue detenido por llevar el cuerpo de una persona dentro de una maleta en calles de la colonia Guerrero.

Recordaron que los hechos fueron registrados la madrugada de ese día, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron entre las calles Lerdo y Magnolia una maleta que contenía restos humanos.

El menor fue seguido y aprehendido calles adelante, dijo que tenía 15 años y que le prometieron dinero por llevar la maleta al basurero de un mercado.

Los del blanquiazul hicieron notar que el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “la Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho de edad”.

Dicho sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Carta Magna para toda persona, así como aquellos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes.

“Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social”, se indica.

Recordaron los legisladores que la obligación de las autoridades de la Ciudad de México es garantizar el interés superior del menor, materializados en todos los derechos que le asisten a este sector de la población, por lo que no basta con contar con un sistema de justicia para adolescentes, sino que se deben valorar, en todos los delitos los casos en que los niños son utilizados como vehículo comisivo para evitar la responsabilidad penal.