Como tarea pendiente en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se mantiene prohibir por ley las corridas de toros en la metrópoli, tema por el que hay resistencia a tratar por parte de Morena e intereses económicos por diversos grupos de la sociedad, con todo y que en la Constitución local no se permite el maltrato a todo tipo de especie animal.

Aún y cuando no se han dado los acuerdos en el Poder Legislativo local, por más de un año y tres meses, para discutir el tema y dictaminar en comisiones para que ante el pleno se tome una decisión, desde junio pasado en la capital está prohibida la fiesta brava.

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La Temporada Grande 2022-2023 se suspendió en la Plaza México por decisión del juez primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass, en tanto que en el recinto de Donceles y Allende un grupo de diputados continúa la lucha para que se legisle y quede plasmada en la ley la prohibición, tal es el caso del vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, y el coordinador de Alianza Verde Juntos por la Ciudad y presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma Suárez.

Quedó en un anuncio espectacular con tintes electoreros y de medir fuerzas en el propio Legislativo local, el que los autodenominados representantes populares animalistas se pronunciaran en contra de las corridas de toros y se comprometieron a prohibirlas, e incluso algunos que lo proponían ahora están divididos.

Fue el 1 de septiembre ante el Congreso capitalino, durante el inicio del segundo año de la actual Legislatura, cuando organizaciones no gubernamentales presentaron una iniciativa ciudadana preferente, denominada No a las Corridas de Toros en la Ciudad de México.

El colectivo planteó derogar, reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes para la Celebración de Espectáculos Públicos y de Protección a los Animales, ambas locales.

De inmediato, la iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración Pública Local del Congreso de CDMX, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal.

Sin embargo, no prosperó el establecer que la utilización de animales en espectáculos públicos o privados, incluyendo los realizados en domicilio, fijos o itinerantes, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros, son actos de maltrato y crueldad animal.

Iba dirigido a prohibir la celebración de este tipo de espectáculos, sin perjuicio de las penas que para tal efecto establece el Código Penal para el Distrito Federal.

Obstáculos desde la mesa directiva

Con 18 mil 803 firmas que avalan esta petición, la organización planteó que, al ser una iniciativa preferente, se tendría que dictaminar y votar en un plazo máximo de 45 días naturales, tal como lo establece la normatividad vigente, pero los tiempos se pasaron y ahí quedó todo. Se pretendió presentar el dictamen ante el pleno, pero hubo obstáculos para ello, incluso desde la presidencia de la Mesa Directiva.

En su momento Jesús Sesma, opinó que ante la parálisis legislativa del Poder Legislativo, era muy positivo que la sociedad civil tomara la iniciativa para prohibir las corridas de toros en la capital.

Resulta que el verdeecologista Sesma Suárez, como lo hizo luego del inicio de la II Legislatura, en noviembre del 2021, volvió a presentar la iniciativa para prohibir las corridas de toros en la metrópoli, luego de que este año quedó congelada, porque nunca pasó al pleno del órgano deliberativo para su votación y tuvo que ser desechada, con el fundamento de varios argumentos, como el de que ya estaba fuera de fecha.

Luego reconocer el compromiso del Colectivo Resistencia Defensa Animal, organización civil que ejerció su derecho constitucional y presentó al Congreso capitalino la iniciativa apoyada por alrededor de 20 mil firmas para prohibir la fiesta brava, el coordinador de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad expresó su confianza en que tenga el respaldo de la mayoría de los representantes populares, pero no fue así.

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En contraparte, a finales de septiembre de este año, mediante una iniciativa que presentó en una sesión ordinaria del Congreso, la diputada de la bancada del PRI, Tania Nanette Larios Pérez, se pronunció a favor de las corridas de toros en la capital, pero sin maltrato, crueldad y muerte para los animales que participan en las mismas, cuando al inicio de la Legislatura apoyó se terminará de manera definitiva con esa práctica.

Adiciones a Ley de Protección a los Animales

La diputada priista, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, fundamentó que para tal efecto era preciso hacerle una serie de adiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

Sostuvo que lo que ella hacía era dar una opción a las posiciones extremas que se han manifestado sobre el tema de la fiesta brava en la metrópoli; sin embargo, la iniciativa nunca fue discutida en comisiones y era una oportunidad para dar una alternativa para que continuaran las corridas y no dañar a los sectores involucrados con éstas.

Larios Pérez refirió que era una opción para salir delante de las posiciones encontradas, el adicionar un párrafo cuarto a la fracción XXII al artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

Para la diputada priista la solución se encontraba justo en medio de las posturas extremas que se han sostenido. Una de ellas es la prohibición de plano, y la otra es elevar la fiesta taurina como patrimonio cultural inmaterial, sin que haya maltrato a los seres sintientes.

Beneficios económicos

De acuerdo con lo que informó en su momento el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Fadlala Akabani Hneide, cada corrida en la Plaza de Toros México genera cerca de 29 millones de pesos.

Cada temporada, que se integra por al menos 12 corridas, arroja una cantidad aproximada a los 348 millones de pesos, sólo en la Plaza de Toros México, sin contar que la actividad a nivel nacional genera 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos.

Mientras tanto, la postura que aún mantienen diputadas de Morena, es que la prohibición de las corridas de toros se ponga a consulta pública, con lo que apoyaron el planteamiento en ese sentido de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, porque no se debe atentar contra las tradiciones de los barrios y pueblos originarios ni con la economía, en lo que no están de acuerdo legisladores de oposición, mientras que Sesma Suárez siempre insistió en presentar ante el pleno el dictamen que se tenía, y si así lo consideran los representantes populares del partido en el poder, que lo impugnen.

En una mesa de trabajo sobre el dictamen que prohíbe las corridas de toros de los integrantes de la comisión legislativa, en la que estuvieron representantes del gobierno, así como de asociaciones que están a favor y en contra de la fiesta brava, en la que se exacerbaron los ánimos y se exigió a Jesús Sesma no imponer, Tania Larios estuvo a favor de escuchar todas las voces y dictaminar con tiempo, para presentar el documento en el próximo periodo de sesiones del Legislativo local que inicia en septiembre, además que de ser necesario se lleve la consulta entre la ciudadanía.

Decisiones consensuadas

Las diputadas morenistas Alicia Medina Hernández, Leticia Estrada Hernández y Miriam Valeria Cruz Flores le exigieron al diputado del PVEM escuchar todos los posicionamientos y tomar decisiones consensuadas, que no sean unilaterales.

Sesma Suárez reconoció que es un tema polarizante y que no es pretexto el desempleo que se ocasionarían con la suspensión definitiva de la fiesta brava en la capital, porque la tauromaquia tiene 25 corridas al año en la metrópoli en dos temporadas, en las que se emplea a 472 personas.

“La Ciudad de México está preparada para prohibir las corridas de toros, no es capricho de cinco diputados, sino escuchar a la sociedad”, declaró.

Durante la mesa de trabajo en la que se dieron posiciones encontradas y no se logró llegar a un acuerdo, la coordinadora de la bancada de Morena en el recinto de Donceles y Allende, Martha Ávila Ventura, se sumó a la propuesta de realizar una consulta popular.

Expuso que seguramente va a ganar que ya no haya corridas de toros en la ciudad, lo que le daría legitimidad al trabajo que realicen diputados, por lo que dijo no entender a qué le teme la oposición con ese ejercicio, a la vez que comentó que el proceso legislativo en la materia está viciado de origen.

Traición del Gobierno capitalino

Jesús Sesma acusó que el Gobierno de la Ciudad de México lo traicionó, porque le pidieron tiempo para analizar las implicaciones económicas de la prohibición de las corridas de toros, en diciembre pasado, y finalmente lo que hicieron fue impedir que el tema fuera votado en el Congreso.

La representación de Morena, ya en un ambiente de ánimos caldeados, insistió en que el tema debe ser llevado a consulta pública, con un presidente de la Comisión de Bienestar Animal que refrendó citará para el lunes para poner a votación el dictamen, con un tema que tiene más de siete meses en análisis.

Fue la secretaria de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso, diputada panista Ana Villagrán, quien en su momento entregó con la representación de activistas antitaurinos y diversos actores políticos, un oficio en las oficinas principales del gobierno capitalino para exigir se hagan valer los derechos de los animales estipulados en la Constitución local y no a través de una consulta popular, como se quiere tratar de manera oficial el tema de la prohibición de las corridas de toros, en tanto que Gaviño Ambriz calificó ese ejercicio como un distractor.

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Para el representante popular perredista no es adecuado promover una consulta en torno a la fiesta brava, porque por el momento no se cuenta con los mecanismos para ello, a la vez que aseguró que, si no es en la actual II Legislatura del Congreso, “tarde que temprano” se va a lograr prohibir las corridas, porque es irracional que se permita el sacrificio de los toros.

“Estamos en un proceso histórico, si no se aprueba en esta ocasión, que espero que sí, habrá otras legislaturas más valientes que nosotros o más racionales y lograrán la prohibición”, sostuvo el representante popular. Además, Gaviño Ambriz declaró: “No creo que se deba hacer consultas en este momento porque no hay mecanismos para hacerlas; la jefa de Gobierno puede llamar a una consulta pública, el Congreso en sus dos terceras partes puede llamar a una consulta pública o a una consulta ciudadana, la Constitución es muy clara en ese sentido. Que cada quien haga lo que le corresponde, desde su punto de vista legal”.

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