El 13 de mayo de 2004, un alumno de 13 años de edad de la Escuela Secundaria Ángel Martín del Campo, en la entonces delegación Iztapalapa, ingresó al plantel una pistola escuadra.380 y accidentalmente le disparó a la cabeza a una compañera, por lo que se propuso implementar el operativo “Mochila Segura”.
El operativo se implementó en planteles de la capital encabezado por policías del Distrito Federal, quienes revisaron las mochilas de los estudiantes.
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En 2007 se incluyó en el programa Escuelas Seguras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se replicó en Baja California, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Quintana Roo, para generar un ambiente seguro en planteles públicos de nivel básico.
“Mochila Segura” fue implementado por la SEP en 2010 para impedir el paso de sustancias tóxicas o armas en los planteles educativos.
Sin embargo, en 2014 las reglas que se aplicaban con el operativo fueron derogadas, ya que aseguraban “ya se había cumplido su vigencia”.
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Pero en 2017 el operativo fue retomado y se propuso que el personal de cada plantel fuera el que revisara las mochilas de los estudiantes; sin embargo, luego de varias denuncias y amparos, la SEP se vio impedida de que el operativo fuera obligatorio y nacional.
SCJN DECLARA INCONSTITUCIONAL PROGRAMA “MOCHILA SEGURA”
En respuesta , la SEP recomendó que la revisión la realizaran los padres de familia en las propias escuelas.
Dos años después, en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el operativo “Mochila Segura” violentaba los derechos humanos a la educación, a la intimidad, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos de las escuelas públicas y privadas de educación básica de la capital.
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Al año siguiente, el Congreso de la Ciudad de México rechazó exhortar a la SEP a reactivar el operativo, mientras que los diputados del PAN se opusieron a la cancelación del programa; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no operaría en la CDMX
Finalmente, en febrero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el programa “Mochila Segura”, por carecer de un marco legal que lo sustente. El máximo tribunal concedió un amparo a dos padres de familia y a sus hijos.
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