Ciudad de México.- El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) subrayó que está prohibida la discriminación por motivos de discapacidad en cualquier ámbito del empleo, incluidos los procesos de selección y contratación, la continuidad y la promoción profesional.

Así como en las condiciones laborales, que deben ser seguras y saludables, obligación establecida en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

De ahí que el Consejo llama a reconocer el valor que tienen las personas con discapacidad para la sociedad y la diversidad humana. Además, subraya la importancia de que las políticas públicas hagan factible el ejercicio de todos sus derechos, para garantizar la seguridad y la protección de todas las personas con discapacidad, particularmente en una contingencia como la que vivimos ahora.

La pandemia también puede afectarles más gravemente por las medidas de aislamiento y el acceso a servicios médicos, con las que se rompe la cotidianidad en un momento en el que, especialmente, debería haber un seguimiento a su salud. Su acceso a este derecho pasa, además, por un tema de capacitación al personal médico, citó.

Este festejo fue establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad (PcD) y concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Para 2020, el tema designado para esta conmemoración es la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030, para que su desarrollo sea inclusivo, equitativo y sostenible con el fin de no dejar a nadie atrás. Este compromiso fue suscrito como parte de esa agenda, que contempla 17 objetivos y considera a la discapacidad como un asunto que debe ser analizado y atendido de manera transversal.

La UNESCO promueve también la Campaña Mundial de Sensibilización "Cuenta nuestras historias, habilita nuestros derechos", la cual estará dirigida a visibilizar los efectos de los impactos diferenciados derivados de la pandemia por Covid-19 que enfrentan las personas con discapacidad.

El COPRED publicó en agosto pasado el informe Impactos Diferenciados por la COVID-19: Diálogos con organizaciones de la sociedad civil, el cual dedica un capítulo específico a los impactos que han tenido que enfrentar las personas con discapacidad durante la contingencia sanitaria, en un contexto de desventaja histórica que se ha perpetuado mediante la reproducción de diversos mitos: que las PcD son un sector aparte, que la discapacidad es una enfermedad, que hay que mirarla desde una perspectiva asistencialista o que debe corregirse porque la norma es ser productivo al máximo o “perfectamente” capaz (capacitismo).

También es posible que estén expuestas a un mayor riesgo de contagio, y no porque su condición equivalga a una enfermedad, sino porque en muchas ocasiones, se enfrentan a condiciones y entornos en los que no cuentan con medidas de prevención, atención y cuidados adaptadas a su tipo de discapacidad.

Como en los casos de otros grupos de atención prioritaria, la pandemia por covid-19 profundiza las desigualdades que ya existían antes, como un sistema de salud que discrimina. Por ello, nos obliga a pensar en los conceptos de diversidad e inclusión, para que cuando retomemos nuestras actividades ordinarias o volvamos a la “nueva normalidad”, trabajemos en construir una realidad distinta, que mire a la discapacidad desde una perspectiva social, humanista y de derechos.

La Constitución de la Ciudad de México reconoce en su artículo 11 los derechos de las personas con discapacidad y establece la necesidad de implementar un sistema de salvaguardas y apoyos en la toma de decisiones, que respete su voluntad y capacidad jurídica. De la misma forma, obliga a promover la asistencia personal, humana o animal para su desarrollo en comunidad, así como a adoptar las medidas necesarias para el ejercicio integral de sus derechos, garantizando los principios de inclusión y accesibilidad, y considerando el diseño universal y los ajustes razonables.

Sin embargo, la constante discriminación a la que están expuestas las PcD comienza desde el acceso a la información, pues la mayoría de los medios de comunicación no cuenta con ajustes accesibles para ellas. Además, con frecuencia tampoco existen medidas de inclusión en las plataformas de educación a distancia. En tanto, las personas con discapacidad visual no siempre pueden tener acceso a cualquier página web.

La reproducción de mitos y estereotipos impide pensar en los cuerpos de las PcD o conduce a asumir que siempre cuentan con una red de apoyo, o que viven y se trasladan acompañadas. Además, los ajustes no solo se limitan a su entorno.

Es necesario tomar en cuenta la transversalidad de otros factores, así como la necesidad que muchas de ellas tienen de darle continuidad a rehabilitaciones, terapias o sesiones de apoyo psicológico, y las dificultades que podrían enfrentar por la falta de recursos económicos suficientes.

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