Ciudad de México.- La Ciudad de México cuenta con el 25% de sus viviendas en arrendamiento, muy por encima del promedio nacional, que es del 15%; es decir, casi 700 mil viviendas están en dicho rubro.

Por ello, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, destacó la necesidad de crear un escenario de certidumbre, debido proceso, acceso a la justicia y garantía tanto para quien arrenda, como para arrendatarios.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, afirmó que durante la emergencia sanitaria el Poder Judicial puso a disposición de los arrendatarios e inquilinos el proceso de mediación digital ante el Centro de Justicia Alternativa.

Ante la propuesta que busca cambiar el código civil para la Ciudad de México en materia de arrendamiento, que impulsa la diputada Valentina Batres del Congreso local, que pretende fomentar que no haya arrendamiento sin contrato por escrito.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, resaltó que “hay varios puntos a conciliar, no puede ser a costa de unos y de otros; tenemos que caminar hacia procesos de mayor certidumbre”.

Durante el Foro convocado por la Comisión Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, presidida por el Diputado Eduardo Santillán Nashieli Ramírez, consideró que la situación se debe analizar el contexto de la emergencia sanitaria: “tenemos una situación que apenas está empezando y sólo con los datos de abril de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, hay 12 millones de empleos perdidos”.

Al participar en el Foro: "Vivienda y Arrendamiento en los tiempos del Covid-19", recordó que 3 de cada 10 personas habrían perdido su empleo sólo en esta etapa y ese contexto, entre otros, también tiene que ubicarse en la discusión parlamentaria del tema de vivienda y arrendamiento.

Afirmó que la CDHCM dará seguimiento a los trabajos del Foro y también a la ruta que se siga en la materia. Esta discusión no tiene nada más una arista legislativa, sino tiene una arista de acciones administrativas de gobierno que tendrán que acompañar esta problemática compleja.

La iniciativa de la morenista Valentina Batres considera alcanzar los derechos de los caseros como de los inquilinos, establecer nuevos mecanismos de atención que son desalojadas legalmente y generar nuevos mecanismos de acuerdos de justicia alternativa de mediación, así explicó Batres Guadarrama las cuatro premisas.

Y que de manera amigable se resuelvan algunas controversias en la relación entre inquilinos y caseros de la Ciudad de México.

Dijo además que se necesita recibir una iniciativa ciudadana con la mayor apertura sin prejuicio y atender un problema que pone a la ciudadanía de una serie de situaciones que aquejan a más de 700 mil personas que rentan la vivienda donde habitan con contratos sin ser por escrito.