Para garantizar el derecho a la vivienda de los capitalinos y evitar abusos de la industria inmobiliaria, es preciso que el gobierno de la Ciudad de México intervenga en ese mercado cuanto antes, debido a la compra venta y renta de inmuebles que llegan a ser inalcanzables por los interesados, propuso el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado priísta Fausto Manuel Zamorano Esparza, quien al respecto presentó una iniciativa.
El integrante de la bancada del PRI en el recinto de Donceles y Allende, se pronunció por reformas a la Constitución de la Ciudad de México para que el gobierno capitalino intervenga en el mercado inmobiliario, venta y renta de vivienda, cuyos precios resultan hoy inalcanzables para el grueso de la población y en especial para los jóvenes, además de que son objeto de una importante especulación de inmobiliarias.
En su propuesta que se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, el legislador del Revolucionario Institucional y general en retiro, fundamentó que se trata de adicionar los numerales 5, 6 y 7 al inciso e del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de implementación de mecanismos de supervisión de cuotas en las operaciones de arrendamiento y compra-venta de bienes muebles con fines de casa habitación.
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La que desde la tribuna del recinto legislativo presentó la iniciativa con la representación del diputado presidente de la Mesa Directiva, fue la diputada priísta María de Lourdes González Hernández, quien expuso que para garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos y además evitar abusos, se plantea que el gobierno local genere mecanismos de supervisión de cuotas en las operaciones de arrendamiento y compra-venta de bienes muebles con fines de casa-habitación.
De igual forma, que la propia administración citadina diseñe, implemente evalúe y monitoree un programa de vivienda que contribuya a facilitar el acceso a esta de manera digna y asequible, principalmente a la población joven y a los adultos mayores.
Se propone que, para desincentivar las inversiones especulativas, y para la construcción de vivienda social, el gobierno de la Ciudad de México tome medidas de recaudación fiscal contra las viviendas vacías.
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Al argumentar, González Hernández dijo que las rentas en la urbe son sumamente elevadas, al responder a las dinámicas y fenómenos económicos que convergen en la región.
Se refirió a datos de la investigadora de la UNAM Rosalba González, en el sentido de que en promedio un alquiler de 60 metros cuadrados está entre los 13 y 15 mil pesos, mientras que la media de los salarios de los habitantes de la metrópoli es de 11 mil pesos.
Quedó asentado en el documento que los jóvenes capitalinos ganan en promedio 9,329 pesos mensuales, sin contar con aquellos que perciben el salario mínimo. En contraste, en los últimos 16 años los precios de las viviendas han subido 42 por ciento en términos reales, mientras que las remuneraciones salariales disminuyeron su valor adquisitivo en 21%. Además, la vivienda promedio en México es 98 por ciento más cara respecto de los salarios promedio, comparado con 2005.
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Resulta que esos datos reflejan la urgente necesidad de garantizar una vivienda digna para los jóvenes y los estratos vulnerables, porque el costo de una renta en la Ciudad de México supera el ingreso mensual que estos sectores perciben. Les es imposible adquirir una casa o un departamento porque los bancos no los ven como sujetos de crédito.
Está el dato de que en Singapur, Francia, Alemania, Austria, y recientemente Portugal, el Estado ha intervenido en este mercado, a fin de asegurar el justo precio de la vivienda, no sólo como regulador, sino como actor principal.
En Viena, el 64 por ciento de las viviendas pertenecen a la municipalidad, la cual fija un precio único de arriendo. El municipio provee departamentos de alta calidad y fija las condiciones mínimas contra las que debe competir el mercado inmobiliario, que busca captar el 36 por ciento de viviendas restantes.
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Barcelona aprobó en 2020 la ley de regulación del alquiler, que pone un tope al precio de los alquileres en zonas del mercado tensionado. Portugal exige el alquiler de los inmuebles vacíos y un techo máximo de precios.
Sobre el fenómeno de la financiarización, es una realidad que éste convierte a la vivienda en una inversión y ahora se venden instrumentos financieros basados en la propiedad de porcentajes de la totalidad de un proyecto inmobiliario. Como si fuera una acción en la Bolsa de Valores, este mercado financiero requiere que el valor de las viviendas suba lo más que se pueda para generar más rendimientos a los inversionistas.
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