En dos meses se cumple el plazo fijado por el Gobierno de la Ciudad de México para retirar los anuncios en muros ciegos de edificaciones y azoteas.
Con la emisión de la nueva Ley de Publicidad Exterior, el 6 de junio de 2022, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) estableció un año como límite para que las propias empresas retiraran un mínimo de mil 200 anuncios ilegales. Sin embargo, hasta hace una semana, el gobierno había reportado sólo 400.
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Con todo y el retraso en el cumplimiento de la meta de retirar los anuncios que sólo generan contaminación visual o representan riesgo para la ciudadanía, las grandes empresas de publicidad están solicitando a Seduvi autorización para nuevos espacios.
En la exposición de motivos de la Ley de Publicidad Exterior se aclara que la principal intención es disminuir la contaminación visual de las calles. En agosto del año pasado, el gobierno calculó que en diciembre tendrían que haber retirado más de 400 anuncios en azoteas y 700 más al primer semestre de 2023.
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El costo promedio del retiro de anuncios (que corre por parte de las empresas de publicidad), que representaban riesgos de protección civil entre 2019 y 2021, fue de 150 mil pesos, pues se requiere la renta de grúas y equipos especializados.
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El monto es asumido por las empresas propietarias de la mayoría de los anuncios colocados en azoteas, mismos que quedaron prohibidos en la capital del país.
El compromiso del gobierno de la ciudad, a partir de la ley, es garantizar el derecho de la población a un paisaje urbano y a un espacio público libre de contaminación visual y saturación de dispositivos publicitarios, tanto en las edificaciones como en banquetas, parques, infraestructuras, corredores, vialidades, equipamientos y, sobre todo, azoteas.
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