Para salvaguardar la libertad de los ciudadanos que, al actuar de buena fe se ven envueltos en una pesadilla legal sin ser culpables al comprar vehículos robados sin tener conocimiento de ello, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México impulsa una iniciativa.
El diputado local de Acción Nacional Andrés Sánchez Miranda, dentro de ese contexto dio cuenta que, en la capital del país, el robo de vehículos ha crecido de manera alarmante; según datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, en el primer cuatrimestre de este año se registraron mil 991 robos de vehículos, de los cuales 454 fueron con violencia y mil 537 sin esta.
Delineó que, además, la cifra en cuanto a vehículos que se obtienen de manera fraudulenta a través de la modalidad de “cheque salvo buen cobro”, ha crecido exponencialmente durante los últimos años.
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“Las cifras no son solo números, representan a personas que cuando llevan a cabo la compra de un vehículo procedente de un ilícito, se re victimiza. Es decir, pierden el dinero, el vehículo e incluso la libertad”, precisó.
Hizo notar que cuando una persona compra un vehículo robado sin saberlo, la ley actual lo penaliza, imponiéndose las mismas sanciones que a alguien que conscientemente encubre un delito. El artículo 244 del Código Penal establece penas que van de 2 a 7 años de prisión para quienes no adoptan las “precauciones indispensables” al adquirir un bien, lo que, desde una perspectiva de derechos humanos, es inaceptable.
Explicó que la iniciativa que impulsa busca la protección de los ciudadanos: se trata de una reforma al artículo 244 del Código Penal del Distrito Federal y al artículo 63 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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Sánchez Miranda delineó que se busca elevar a rango de ley el programa “Compra Segura” y la plataforma del Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) creados y operados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, dos herramientas que, aunque ya existen, no son lo suficientemente conocidas ni accesibles para la mayoría de los ciudadanos.
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Mencionó que se propone que, los compradores que utilicen mecanismos como el contrato de compraventa, carta responsiva, la consulta en el Registro de Automotores de Procedencia Ilícita, o “Compra Segura”, queden protegidos de cualquier sanción penal de encubrimiento por receptación.
Consideró que la reforma no solo es un acto de justicia, sino también una respuesta a la necesidad de brindar seguridad jurídica a quienes, de buena fe, buscan adquirir un vehículo en un mercado que muchas veces opera bajo la sombra del crimen.
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