La violencia feminicida se anida en todo el país y los feminicidios siguen siendo un pendiente para el Estado mexicano. El incremento en el delito y la brutalidad de los casos nos refleja cómo la omisión de las autoridades derivó en el crecimiento del problema y cada día se asesina 10 mujeres el promedio, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Las integrantes de esta organización se reunieron en el Hemiciclo a Juárez para conmemorar los XV años de su fundación, donde montaron una ofrenda, y simularon dos panteones.

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Luz María Estrada , Directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, declaró que mientras que en 2009 se registraron 1,858 defunciones femeninas con presunción de homicidio, es decir, 5 asesinatos violentos de mujeres al día, en el 2021, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron asesinadas 3,750 mujeres, sólo 1,004 casos se investigaron como feminicidio, es decir, en doce años el número de feminicidios se duplicó y desde entonces, cada día en nuestro país se asesina a un promedio de 10 mujeres.

En su discurso manifestó que a la fecha se vive una realidad muy grave.

Se duplicaron cifras

Recordó que hace 15, cuando inició el OCNF su labor, había datos que alarmaban, pero ahora esas cifras se duplican y las formas de violencia son incluso inimaginables.

El surgimiento del Observatorio fue una respuesta a la inacción del Estado y a la falta de reconocimiento de una problemática grave que cobraba la vida de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, así como a la necesidad de que organizaciones nacionales dieran seguimiento a las acciones que el Gobierno Estatal y Federal debían impulsar para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres.

“Temíamos que lo que estábamos documentando en Chihuahua y Ciudad Juárez, también se replicara en otros estados del país, por lo que trabajamos para poder evitar una mayor descomposición del tejido social”.

Agregó que su esfuerzo es la lucha contra la violencia más grave hacia las mujeres: la violencia feminicida, y contribuir en la exigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Junto con las familias comenzamos a recorrer el camino en búsqueda de la justicia, siguiendo los pasos de otras defensoras, que con su voz denunciaron el feminicidio y con su esperanza creativa lo visibilizaron”.

Así, las cruces rosas fueron instauradas como símbolo de la resistencia en la búsqueda de verdad y justicia; los zapatos rojos simbolizan la lucha por encontrar a las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, indicó.

Ley Ingrid

En estos 15 años hemos visibilizado la misoginia y discriminación que se ejerce en los asesinatos violentos de mujeres. México fue uno de los primeros países en tipificar el delito de feminicidio, con ello se contribuyó a identificar las razones de género que obligan a las autoridades a investigar estos casos con perspectiva que garantice el acceso a la justicia.

“Hoy las mujeres seguimos enfrentando una violencia estructural, que se ve reflejada en las formas, saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres y niñas; en la violencia sexual, la desaparición, los ataques con ácido, entre otras violencias.

Un ejemplo es el caso de la joven Ingrid cuyo asesinato y su brutalidad despertaron la indignación social, así como la exigencia de la “ley Ingrid” que prohíbe la revictimización a través de la difusión de imágenes de las mujeres asesinadas.

A pesar de que los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2020, el feminicida de Ingrid Escamilla fue encontrado culpable hasta el 12 de octubre de 2022.

Otro caso que causó repudio social fue el de la joven Debanhi Escobar en el estado de Nuevo León, la joven de 18 años desapareció el 9 de abril de 2022 y fue encontrada sin vida en una cisterna el 21 de abril de este mismo año.

La hipótesis de un supuesto accidente ha develado las deficiencias y la carencia de cientificidad en las investigaciones. Ha pasado medio año y la justicia para Debanhi no ha llegado.

El OCNF sigue alzando la voz para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales garanticen: Que cada estado cuente con un tipo penal homologado, con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un Protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue de manera científica, con perspectiva de género y debida diligencia, como lo marca la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Que cada entidad federativa cuente con Fiscalías especializadas, con personal capacitado y sensible con las víctimas frente a la problemática del feminicidio, que cuente con equipos periciales en materia de medicina forense, criminalística y disciplinas sociales, con perspectiva de género, que garanticen la acreditación científica del delito de feminicidio y los contextos de violencia en los ocurren.

Que las y los Ministerios Públicos realicen planes metodológicos de investigación con perspectiva de género y, en los casos ocurridos en contextos de criminalidad organizada, incorporen en sus investigaciones líneas de investigación identificadas por las Unidades de Análisis y Contexto, que permita la sanción oportuna de agresores y eviten que éstos vuelvan a delinquir, como lo han hecho los denominados “feminicidas seriales” bajo el cobijo de la impunidad.

Que las y los funcionarios públicos que obstruyan el derecho al acceso a la justicia sean sancionados, a fin de evitar la revictimización y para poner un alto a la violencia institucional. Asimismo, que la “Ley Ingrid” esté presente en todo el país, con el fin de sancionar a quienes atenten contra la dignidad de las víctimas a través de la difusión de imágenes claramente revictimizantes.

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Acciones de prevención

Que se sancionen de manera efectiva los casos de tentativas de feminicidio, incluyendo como tales los ataques con ácido, que se han convertido en una nueva y cada vez más frecuente modalidad de las agresiones feminicidas. Que se generen acciones de prevención, atención y sanción integral a la problemática del feminicidio, a partir de la propuesta de la Ley General contra el Feminicidio, en el que se retome el tipo penal que ha demostrado eficacia en su acreditación y se incluyan los grandes pendientes relacionados con la problemática como las estrategias de prevención, la reparación del daño y la atención a las niñas y niños en situación de orfandad por este delito.

Que se generen las políticas públicas y procedimientos necesarios para la adecuada implementación de las órdenes y/o medidas de protección para las mujeres y niñas en situación de violencia, las cuales requieren de una efectiva coordinación interinstitucional.

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