El costo de la inseguridad y el delito en hogares, representó en el último año un monto total de 319 mil millones de pesos; es decir, el 1.08% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significó un gasto promedio de 8,192 pesos por persona afectada.
Así lo informó Armando Zúñiga Salinas, presidente de Agrupaciones de Seguridad Privada Unidas por México (ASUME), al señalar que las empresas llegan a destinar hasta el 8% de su gasto de operación para el pago de servicios de protección, vigilancia y seguridad privada.
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Al presentar la Data de la Industria de la Seguridad Privada, con información estadística del INEGI, IMSS y Secretaría de Economía, entre otras dependencias, Armando Zúñiga Salinas advirtió que es muy variado el gasto que destinan las empresas al tema de seguridad y protección, debido a que hay algunos sectores más golpeados por la delincuencia que otros.
“Hay algunos sectores más castigados o más vulnerables, como son abarrotes, vinos y ropa, los cuales llegan a invertir hasta un 8% de su costo de operación en temas de seguridad…incluso vemos como hay productos y mercancías que pueden variar su precio en un solo día, por factores como la extorsión y el cobro de piso, como ocurre actualmente con el caso del limón y como pasó hace algún tiempo con el pollo”, comentó Armando Zúñiga.
Asimismo, señaló que el costo de la inseguridad varía en cada entidad. De acuerdo con la estadística recopilada, en la Ciudad de México el costo promedio del delito en hogares fue de 9,230 pesos y en el Estado de México de 6,239 pesos, mientras que en Colima se dispara a 11,925 pesos y en Nuevo León a 15,512 pesos.
“Esto debe llamar la atención de los ciudadanos y de las autoridades porque no queremos que en un futuro la canasta básica en su totalidad se convierta en un grave problema de inflación por temas de delincuencia”, apuntó el líder de ASUME.
Indicó que el 41.9% del costo del delito para las unidades económicas se debe a pérdidas económicas, mientras que el 58.1% es el gasto que se destina en medidas preventivas, como: cambio o colocación de cerraduras y/o candados; instalación de alarmas y/o video cámaras de vigilancia; cambio de puertas y ventanas, colocación de rejas o bardas; contratación de vigilancia y seguridad privada e instalación de dispositivos de localización (GPS).
Respecto al tamaño de la industria de seguridad privada, Zúñiga Salinas refirió que 4 de cada 100 empleos son generados por este sector que ha registrado un crecimiento de 37.4% de 2015 a 2023 al pasar de 5,386 a 7,402 empresas registradas formalmente ante el IMSS. Sin embargo, señaló que el sector no es ajeno a la informalidad y hay muchas empresas que operan sin los permisos y registros oficiales.
10 entidades el país cuentan con servicios de seguridad privada, protección y custodia
Señaló que los servicios de seguridad privada, protección y custodia se concentran en diez entidades del país, y es la Ciudad de México la que ocupa el primer lugar con un total de 126,560 trabajadores registrados ante el IMSS; seguido por Toluca y Metepec, Estado de México con 5,652 y 1,182 trabajadores, respectivamente.
Informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene registradas 1,486 empresas de seguridad privada de diferentes modalidades, las cuales cuentan con permiso federal vigente o en proceso de revalidación.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad (SSPC) de la Ciudad de México tiene registradas 110 empresas de seguridad privada con permiso de servicio de escolta y 1,170 empresas de seguridad privada que cuentan con permiso vigente en la Ciudad de México.
Por su parte, Víctor Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rasetreo y Protección Vehícular (ANERPV) señaló que el robo de vehículos pesados, ligeros y particulares en carreteras es un problema que se ha incrementado en los últimos dos años, por lo que empieza a alcanzar los niveles preocupantes que se registraron en 2018.
Este año se han recuperado más de 740 millones de pesos en vehículos recuperados, sin carga, informó Presichi Amador al estimar que el valor promedio de la carga en cada remolque puede oscilar alrededor de medio millón de pesos.
“Es un impacto muy importante, porque este costo se convierte en un impuesto que se transfiere al consumidor final, tanto en la parte de inversión en protección, prevención y seguridad, como en tecnologías”, explicó Víctor Presichi al señalar que la inseguridad ya representa un costo más en los costos de operación de las industrias y las empresas, el cual se ve reflejado en el precio final a los consumidores.
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