En sesión ordinaria diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron reformas al Código Penal local para sancionar la corrupción inmobiliaria en la metrópoli, al atender la iniciativa que al respecto envió en su momento el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama.
Tras los acuerdos alcanzados entre los líderes parlamentarios de las diez fracciones y asociaciones parlamentarias, las personas congresistas con 43 votos a favor, aprobaron el dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del órgano deliberativo.
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Dentro del documento se impone sanción con cárcel a los que, al aprovecharse de un cargo público, permitan la construcción ilegal de espacios habitacionales que ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos que adquieren estos inmuebles.
La aclaración que lanzó la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila Ventura, es que la reforma no se dirige a nadie en particular, sino que se trata de disposiciones en general que se aplican para todos, sin distinciones, por lo que consideró el dictamen como una vía efectiva para combatir la corrupción inmobiliaria.
Refirió que, con la labor legislativa emprendida, se busca adicionar el capítulo décimo quinto y el artículo 276 quater al título décimo octavo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal, por lo que, al ser aprobado en el Congreso, se remitió a la Jefatura de Gobierno a fin de que se promulgue en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La iniciativa del jefe de gobierno avalada, va dirigida a establecer como delito el permitir la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
Con ello, se trata de evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental.
Ávila Ventura sostuvo que, con la aprobación de este dictamen, Morena cumple con un compromiso que estaba pendiente con la población capitalina, porque se debe sancionar a quienes aprovechan posiciones políticas para hacer negocios ilegales con empresas inmobiliarias.
“Las personas servidoras públicas nos debemos al pueblo, por lo que es inaceptable que algunos funcionarios se aprovechen de las responsabilidades que les confiere la ciudadanía para enriquecerse ilícitamente a su costa”, remató.
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