Es preciso se defina cuantas regiones y grupos de pueblos y barrios originarios residen en la Ciudad de México, sin violentar su identidad, para frenar la voracidad y el embate de las inmobiliarias en su contra, reconoció la diputada sin partido del Congreso de la Ciudad de México, Andrea Vicenteño Barrientos.
En entrevista, la vicepresidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Poder Legislativo local, aceptó que hay toda una “danza” de números e inconsistencias, entre instituciones y autoridades, que violenta cumplir la propia Constitución en favor de dichos grupos.
Aseguró que la discriminación continuará vigente entre los pueblos, barrios y grupos indígenas, si no se respetan los derechos de éstos, así como si no se logra un consenso en los números.
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Al exponer que esa indefinición, no sólo violenta la ley que los protege, sino la misma Constitución, Vicenteño Barrientos expuso que ni en todo el país hay consensos sobre el número de pueblos indígenas.
Relató que mientras para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) son unas cifras, para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), son otras, además de que hay inconsistencia de datos hasta para sus derechos políticos, porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), sólo reconoce 48 pueblos, barrios y comunidades residentes indígenas.
La congresista que llegó a la II Legislatura del Congreso por el PAN, detalló que el gobierno de la ciudad, en su último padrón publicado en la Gaceta oficial, difundió que hay 200, lo que implica que no existen datos certeros que permita proteger sus derechos. El mismo Censo de Población y Vivienda 2010, establece seis millones 695 mil 228 hablantes de lengua indígena.
Andrea Vicenteño estableció que en los hechos, se identifican como indígenas más del doble, porque un gran número migraron de sus comunidades con su identidad a zonas urbanas, como la Ciudad de México.
Insistió que hay disensos y no corresponde al Estado definir, es solamente reconocer y aceptar la libertad de esos grupos a identificarse, por tener vínculo cultural, histórico, político y lingüístico.
Para la representante popular se viola su libre derecho a la autodeterminación y a considerarse pueblos, barrios y grupos indígenas, lo que lleva a inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del actuar de la autoridad, incluso ante convenios internacionales.
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Mencionó que intervenir las autoridades a criterio propio para definir y peor aún, aplicar requisitos para decidir quiénes son sujetos titulares de derechos, violenta ese reconocimiento jurídico que ya tienen por el hecho de ser mexicanos.
Refrendó que esa “danza” de números para su reconocimiento entre instituciones y los desacuerdos de quienes son y no en la Ciudad de México, atenta contra la diversidad cultural, por lo que se debe partir a aceptar su reconocimiento sin trámites ni etiquetas.
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