Para garantizar la seguridad de las familias, quienes están en riesgo permanente ante el suministro ilegal de gas LP, distribuidores de este combustible se pronunciaron por crear urgentemente un plan de trabajo integral contra el mercado negro del energético.
Esto implica llevar a cabo vigilancia continua en el ducto de Petróleos Mexicanos que atraviesa por los 18 municipios con más robo de gas LP.
Las empresas formalmente establecidas que pagan impuestos y que realizan frecuentes supervisiones en sus medidas de seguridad para repartir el combustible, dijeron que dicho plan de trabajo debe incluir operativos de verificación en las principales vías de acceso carretero entre las zonas de extracción de los 18 municipios y los grandes centros de consumo.
También indicaron que será necesario integrar operativos en ruta para eliminar equipos de reparto que no cumplen con la Ley y no están debidamente registrados ante la Comisión Reguladora de Energía.
A través de un comunicado, los distribuidores manifestaron que en la zona centro del país; es decir, en la ciudad de México y los estados de México, Puebla e Hidalgo, se estiman aproximadamente 6 mil autotanques que operan en la clandestinidad, mientras que se ha presentado un aumento considerable de esta actividad ilícita en varios estados del Sureste y Golfo de México (Veracruz, Tabasco y Chiapas).
Por ello, urgieron a que en este plan se puedan contemplar operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros de trasiego que comercializan el producto de origen ilícito.
Los distribuidores de gas LP demandaron, de igual manera, que la Comisión Reguladora de Energía autorice los permisos y trámites rezagados de las empresas legalmente establecidas.
Hicieron énfasis en que la intención de crear este plan de trabajo contra el mercado negro del combustible es preservar preservar el Estado de Derecho, así como privilegiar la seguridad de las familias mexicanas.
“Consideramos prioritario implementar un plan de trabajo que permita atender y combatir de manera estructural el problema de robo de gas L.P. y su distribución ilícita, con el propósito fundamental de reestablecer la seguridad y eliminar este flagelo que tanto afecta a Pemex y que pone en grave riesgo a la población mexicana”, dijeron.
LOS 18 MUNICIPIOS CON MÁS ROBO DE GAS
De acuerdo con los distribuidores formalmente establecidos de este energético, los 18 municipios con mayor incidencia de robo de gas L.P. al ducto de Pemex, son:
Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo, Tlahuapan, Los Reyes Juárez, Amozoc, Acajete, San Salvador el Verde y Palmar del Bravo en Puebla; Calpulalpan, Nativitas y Nanacamilpa en Tlaxcala; Tepeji del Río en Hidalgo; Nextlalpan en el Estado de México; y José Azueta, en Veracruz.
Por lo que “consideramos importante fortalecer y focalizar el programa de seguridad, celaje y de reacción inmediata, específicamente concentrado en el tramo del ducto de Pemex que se encuentra en estos 18 Municipios”.
TOMAS CLANDESTINAS
En la información divulgada por las empresas repartidoras de gas LP se establece que el 97 por ciento de las tomas clandestinas registradas en Pemex se concentran en los siguientes cinco estados:
Puebla con el 61% de las tomas clandestinas (1,462 al año, 4 diarias); México con el 17% de las tomas clandestinas (400 al año, 1 diaria); Tlaxcala con el 11% de las tomas clandestinas (262 al año); Veracruz con el 5% de las tomas clandestinas (122 al año); Hidalgo con el 3% de las tomas clandestinas (67 al año); Querétaro con el 2.03% de las tomas clandestinas (49 al año); Nuevo León con el 0.58% de las tomas clandestinas (14 al año); Guanajuato con 0.49% de las tomas clandestinas (12 al año); Chiapas con 0.33% de las tomas clandestinas (8 al año); Tabasco con 0.16% de las tomas clandestinas (4 al año); Chihuahua y Tamaulipas con 0.04% cada uno (1 al año por cada Estado).
EFECTOS ADVERSOS
Entre los impactos que generan los distribuidores clandestinos de gas LP destaca el hecho de que la población mexicana queda vulnerable ante el crecimiento de inseguridad por graves accidentes.
Asimismo, Pemex tiene una afectación patrimonial y económica estimada en 20 mil millones de pesos anuales. Se fortalece la distribución ilícita lo que daña la certeza jurídica, económica y fomenta la inseguridad en el país.
El ducto de gas L.P. suspende sus operaciones en el 40% de los días del año, lo que representa 146 días con interrupciones en el flujo del producto en el ducto principal que abastece de este vital producto en el país.
Se arriesga la garantía de abasto a la población en general por la frecuente interrupción en las operaciones del ducto GLP.
“Consideramos que un esfuerzo focalizado en estos 18 municipios (pero sin dejar de atender a los demás Estados de la República con tomas clandestinas) tendría resultados muy positivos en el combate y disminución de robo de Gas L.P. Actualmente se realizan 7 tomas clandestinas al día en estos ductos y, de no implementarse un programa efectivo, este problema continuaría creciendo, como ha ocurrido en años recientes, con graves consecuencias patrimoniales para Pemex, para las finanzas públicas del país y genera una gran inseguridad para todos los mexicanos”, dijeron los distribuidores establecidos.
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SOLUCIÓN DE FONDO
Para lograr una solución de fondo a este problema, es importante desarrollar e implementar una estrategia integral que involucre acciones coordinadas y complementarias entre sí.
Para ello, se requiere realizar tareas de inteligencia, de investigación, de operación y supervisión en los 18 municipios que concentran el 94% de las tomas clandestinas en el ducto de Pemex.
De igual forma, implementar operativos en carreteras de acceso a las principales zonas de distribución, solicitando el CFDI que acredite la procedencia lícita del producto.
Asimismo. llevar a cabo operativos en rutas de distribución para verificar la procedencia lícita del producto, así también como operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros clandestinos de trasiego de Gas L.P.
Se solicita también realizar operativos para eliminar las zonas controladas de reparto en las que operan ilícitamente grupos de choque y pseudosindicatos que no permiten la libre competencia, verificando que se acredite la procedencia lícita del producto comercializado.
La industria ratifica su compromiso e interés de coadyuvar y trabajar en conjunto con las autoridades para fortalecer el respeto al Estado de Derecho y el cumplimiento regulatorio que garanticen una industria segura, en beneficio de los consumidores y de la población mexicana.
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