Con el sistema penitenciario más grande del país, donde más de 31 mil 500 personas se encuentran privadas de su libertad por diversas acusaciones, con una sobrepoblación de más del 100 por ciento, en el Estado de México la población femenina que se encuentra en las 22 cárceles mexiquenses enfrenta una reclusión en condiciones inadecuadas y carentes de una estancia digna.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, tras una recopilación de opiniones de las mujeres que se hallan en prisión, éstas expresaron en común que la principal problemática que padecen es el hacinamiento, la carencia de instalaciones y servicios para una permanencia digna tras las rejas.
La población femenina en las cárceles reveló que existe un déficit de personal penitenciario y ausencia de condiciones para atender las necesidades básicas de quienes están embarazadas y de las niñas y niños que están con sus madres en reclusión.
Estas, situaciones, dijo el organismo que dirige Jorge Olvera García, son contrarias a las normas nacionales e internacionales, pactos, convenciones y tratados internacionales de derechos humanos.
A través del denominado Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México alerta que el escenario que enfrentan las mujeres privadas de libertad en la infraestructura carcelaria estatal está plagado de elementos que obstaculizan la defensa efectiva de sus derechos fundamentales, los avances y las medidas que permitan garantizarlos.
La dependencia que preside el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México puntualizó que el objetivo de dicho informe es contribuir al mejoramiento del sistema penitenciario de la entidad.
Advierte que el trabajo realizado en torno a las mujeres que se encuentran en las cárceles logró documentar que las condiciones de privación de libertad en las que se encuentra este sector carecen de las medidas mínimas compatibles con el respeto a la dignidad humana, ocasionando múltiples grados de afectación en su desarrollo personal, por lo que advierte la urgente necesidad de adoptar acciones integrales que satisfagan sus derechos fundamentales.
Establece que el complejo de prisiones estatal fue diseñado para población masculina y aun cuando la infraestructura carcelaria ha experimentado modificado para alojar mujeres, las instalaciones siguen siendo insuficientes o inadecuadas, además de que solo la Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl Sur es exclusiva para el sector femenino.
MUJERES EN PRISIÓN
El Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México revela que actualmente los centros de prevención y reinserción social del territorio mexiquense albergan a mil 975 internas, cifra que ciertamente es mínima en contraste con los más de 31 mil 500 personas que se hallan privadas de su libertad, pero con todo y esto carecen de condiciones para una estancia digna.
De las mil 975 mujeres presas, mil 204 han sido sentenciadas, cantidad que equivale a 61 por ciento del total, mientras que el 39 por ciento, es decir, 771 mujeres están siendo procesadas. Entre ellas se encuentran jóvenes, madres, adultas mayores, embarazadas, en periodo de lactancia, con discapacidad, indígenas, con alguna enfermedad o integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recopiló prácticamente durante todo 2020 los elementos necesarios para integrar el citado informe, teniendo como protagonista a la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria del organismo que encabeza Jorge Olvera García.
Tras este trabajo enfocado a las condiciones carcelarias que enfrenta la población femenina se logró conocer que el 95 por ciento de los lugares destinados a las reclusas carecen de diseño ex profeso para atender sus necesidades prioritarias, lo que configura una situación permanente de discriminación.
URGE ATENDERLAS
Las inspecciones realizadas en las prisiones arrojaron que es urgente revertir las condiciones nocivas que enfrentan las mujeres, pues en las prisiones de Ecatepec, Tlalnepantla, Santiaguito, Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Nezahualcóyotl Sur, Texcoco, Chalco, Zumpango, Jilotepec, Temascaltepec y Tenancingo Centro y en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, se pudo conocer que la población femenina tiene problemáticas en cuanto a infraestructura, alimentación, salud, vestido, educación, desarrollo maternal, psicosocial y trabajo.
En el Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México se establece también que el sistema penitenciario debe adoptar medidas urgentes para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos a la integridad, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, al nivel de vida adecuado, al trabajo remunerado, a vivir en condiciones adecuadas, a la vinculación social y en particular, a velar por el interés superior de las y los menores que viven con sus madres en reclusión, ya que este entorno los coloca en un alto grado de vulnerabilidad.
Con el propósito de colaborar en la mejora de dichas condiciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México evidencio la falta de instalaciones y servicios de acceso a las actividades personales, deportivas, educativas, laborales, espacios destinados para personas con medidas de protección, talleres de capacitación, aulas de clase, y lugares para la visita familiar, entre otros aspectos.
FALTA SERVICIO MÉDICO
El estatus que prevalece en las prisiones donde se encuentran mujeres también refleja la falta de servicios médicos especializados en obstetricia y pediatría, así como de personal técnico profesional en trabajo social, psicología, educación, industria penitenciaria, criminología y psiquiatría para el tratamiento de reinserción social.
Este panorama, subraya el organismo defensor de derechos humanos, tiene como consecuencias serias repercusiones psicológicas y emocional de estas situaciones en aquellas personas privadas de su libertad, que no tienen visita familiar, ni íntima, ni contacto con amistades del exterior.
La Comisión de Derechos Humanos hizo énfasis en que este trabajo tiene como objetivo contribuir con propuestas de solución para garantizar una estancia digna y segura en prisión de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal e instrumentos internacionales.
Asimismo, indicó que la intención es pugnar por garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, quienes, por ejemplo, deben acceder al agua potable para su higiene personal y de las estancias donde viven.
Manifestó que es necesario diseñar y materializar estrategias para proporcionar servicio clínico de primer nivel a través de especialistas en ginecología y pediatría, así como suministro de medicamentos y artículos personales.
El compromiso institucional es contribuir en la coordinación y colaboración con las dependencias gubernamentales en la materia para enfrentar efectivamente los desafíos que invariablemente debe cumplir el Estado en materia de derechos humanos y consolidar el objetivo anhelado de la reinserción social.
BUSCAN MEJORAS
El gobierno del Estado de México ha emprendido diversas acciones encaminadas a mejorar las condiciones en las que se encuentras las mujeres privadas de su libertad.
Se han suscrito convenios para impulsar el pleno progreso de mujeres en reclusión, en el que se incluye a los hijos de éstas.
Los acuerdos que se han instrumentado entre dependencias como la Secretarías de Seguridad, Desarrollo Social y del Trabajo han sido para facilitar apoyos que contribuyan al bienestar de las personas encarceladas.
Para ello se han distribución de vales; becas para escuelas de artes y oficios; canastas alimentarias; atención médica y psicológica, así como apoyo para el autoempleo y microcréditos, esfuerzos que sin embargo no han logrado revertir las pésimas condiciones en las que se hayan las mujeres privadas de su libertad.
Del mismo modo, las autoridades mexiquenses han impartido talleres de desarrollo humano y la creación de bibliotecas para fomentar la lectura, donde incluso se ha convocado a los ciudadanos a donar libros en temas como salud, derecho, acción, poesía, novela, comedia y superación personal.
En recientes declaraciones, Eric Sevilla Montes de Oca, de Desarrollo Social, reconoció que la violencia de género está representada por la discriminación y el abandono, “sobre todo, cuando se trata de mujeres recluidas en centros de prevención y readaptación social”.
“Este es un fenómeno que merece toda la atención institucional y aquí reside la importancia del convenio suscrito en favor de estas mexiquenses y de sus familias, "es así que al impulsar políticas inclusivas y con perspectiva de género, haremos que más de ellas desarrollen sus capacidades, se incorporen al mercado productivo y promuevan el desarrollo económico y social de sus familias”, dijo el funcionario.
El objetivo del gobierno mexiquense en torno al estatus que viven las mujeres en las cárceles de la entidad es apoyarlas para que puedan desarrollar habilidades que les permitan su reinserción social, desarrollo humano y una mejor calidad de vida, así como la búsqueda para erradicar los patrones de reproducción de violencia y delincuencia en niñas, niños y adolescentes con referente carcelario, apoyando a quienes se han quedado con la responsabilidad de su cuidado, mediante la entrega de un kit bimestral de apoyos y servicios.
