Uno de los pendientes que dejará la actual II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México es otorgar a los capitalinos una Ley de Cuidados en la que la mayoría de los diputados locales han mostrado un total desinterés, con un coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana de ese órgano deliberativo, Royfid Torres González, que ha urgido a trabajar y tener un marco normativo, tanto para el bienestar de quienes requieren del servicio como para los que lo proporcionan.
Se trata de dictaminar la creación de la Ley del Sistema Integral de Cuidados en la Ciudad de México, para que se cuente con la misma. En el tema el propio Poder Legislativo local ha incumplido un mandato judicial, mientras que Morena se desatiende del asunto por su complejidad y lo que representaría económicamente.
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Resulta que para poner en operación dicho sistema en la capital del país, se requeriría un presupuesto anual de 6 mil millones de pesos, dirigido a implementar políticas públicas, programas y acciones que garanticen salud, seguridad social, educación y trabajo a las cuidadoras de niños, adolescentes y ancianos, así como personas enfermas.
Para la implementación de guarderías, estancias infantiles, casas de día, espacios para adultos mayores, seguridad y cuidadores en parques, además de atención médica, se requeriría un presupuesto de 15 mil millones de pesos, de los cuales el primer año se podría ejecutar con seis mil millones de pesos.
Con la propuesta, se pretende atender la exigencia de las personas cuidadoras, principalmente mujeres, de tener garantías en la labor que llevan a cabo, con horarios que se apeguen a lo establecido en la ley y que se les dé capacitación, mientras que las empresas que las contratan estén plenamente registradas y cumplan con una serie de requisitos para ofrecer el servicio.
Ante la inacción y desinterés de quienes conforman el recinto de Donceles y Allende para dictaminar la ley, activistas y personas que requieren y ejercen dicha tarea solicitaron a las personas legisladoras avancen en el proceso y dejen de utilizar argucias legales, a través de su área jurídica, en busca de nulificar la sentencia que un Tribunal Federal Administrativo impuso al poder local ante la dilación.
Nuevamente organizaciones no gubernamentales (ONG’s) feministas lanzaron un llamado al Congreso y de manera enfática a la mayoría conformada por Morena y sus aliados, para que dejen la politiquería a un lado y se pongan a trabajar en la creación de una Ley de Cuidados para las mujeres de la metrópoli, lo cual es una obligación incumplida desde hace más de seis meses y siguen en falta al hacer caso omiso de la normatividad.
Los representantes populares de Movimiento Ciudadano en el Legislativo local, se han pronunciado por poner en orden a empresas y negocios familiares no registrados plenamente y que, ofrecen el servicio del cuidado de personas sin que se cumpla con una serie de normas y requisitos, así como se proteja en sus derechos laborales a los empleados que no siempre están capacitados en la tarea.
Sobre el tema, la abogada y directora general de la ONG Botiquín Violeta, Úrsula Amaranta Martínez Barrueta, recordó que un nutrido grupo de activistas presentaron en diciembre de 2023 cinco demandas de amparo para que un Juez Federal obligara al Congreso citadino a expedir una Ley de Cuidados para la capital del país.
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A consecuencia de ello cinco juezas federales de Distrito en Materia Administrativa, otorgaron ya suspensiones definitivas para que se realice una consulta a personas con discapacidad, así como para iniciar el proceso legislativo, que es el estudio y discusión en comisiones del Congreso de las iniciativas que ya han sido presentadas, entre las que se encuentra la de Royfid Torres, la cual se considera una de las más completas y es buen punto de partida para trabajar.
Para Úrsula Amaranta Martínez, el recinto legislativo está en incumplimiento de la orden de las juezas sin una explicación válida para postergar aún la creación de la que garantice que haya un sistema que reconozca, redistribuya y recompense a las personas cuidadoras, de manera especial a las mujeres a quienes tradicionalmente se les ha impuesto el rol de cuidadoras.
Hizo un llamado a los representantes populares a que pongan manos a la obra y hagan a un lado el cálculo político y los intereses personales, lo que los ha llevado a postergar la tan necesaria Ley de Cuidados.
La directora y fundadora de Botiquín Violeta refirió que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho al cuidado y quedó establecido en un transitorio que desde diciembre del 2023 se debería contar con una Ley en la materia.
Sin embargo, aun cuando se han presentado varias iniciativas y cinco juezas federales ya mandataron el cumplimiento de esta obligación, el Congreso Local incumple, en tanto que Morena y sus aliados se niegan a iniciar el proceso legislativo por intereses políticos personales y de grupo, con lo que se niega a la población capitalina el acceso a un verdadero sistema de cuidados.
Las abogadas que presentaron las demandas de amparo son Priscila Monge, Silvana Carranza, Úrsula Amaranta, y las ONG´s que acompañan y respaldan estas acciones son Botiquín Violeta, Lentes Púrpura e Indecidibles.
Royfid Torres González llamó a los integrantes del Poder Legislativo se sumen a favor de la iniciativa, porque son muchas personas, principalmente mujeres, que ejercen la labor de cuidadoras, con un corte transversal e interinstitucional.
Ley Cuidados no es posible sin una legislación
La activista Silvana Carranza hizo alusión que la Constitución local fue pionera en contemplar una Ley del Sistema Integral de Cuidados, pero mientras no exista una legislación, no se aplica.
“El 31 de diciembre de 2023 que era el límite que tenía el Congreso para dictaminar está ley, no se hizo, presentamos una suspensión y nos la concedieron, así que no quede ninguna duda que el Poder Legislativo debe y está obligado a actuar en torno a la materia”, acotó.
Torres González calificó de fundamental el llevar a cabo foros en torno al tema y conocer la opinión de los diversos sectores, mientras Silvana Carranza, detalló que es preciso integrar en la legislación todo lo que tiene que ver con las personas cuidadoras, que incluye servicios públicos comunitarios.
La abogada y activista Martínez Barrueta explicó: “hemos pasado un proceso desde la presentación de una iniciativa de Ley Integral para el Sistema de Cuidados en septiembre del año pasado y debió ser aprobada en diciembre de 2023, por lo que se han promovido cinco amparos bajo tres criterios en materia de derechos humanos”.
Abundó que los criterios son inequidad de género en la realización de estas tareas, imposibilidad del autocuidado y la brecha de salarios para quien ejerce principalmente esta tarea, “pero nos han respondido con argumentos que lo único que indican es que no quieren hacerlo”.
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