La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Araceli García Morón, afirmó que la institución a su cargo analiza la posibilidad de emitir una recomendación al gobierno del Estado de México y a los 125 municipios de la entidad, relacionada a la urgente necesidad de reparar los baches que afectan el libre tránsito en calles y avenidas.

En entrevista con medios de información, luego de su participación en un foro organizado por el Poder Judicial del Estado de México, la funcionaria manifestó que es deber del gobierno, a través de las respectivas áreas de servicios públicos, mantener en buenas condiciones las vialidades.

Indicó que la gama de baches que hay en diferentes partes del territorio estatal vulneran el derecho a la buena administración pública. "Los baches pertenecen a una actividad administrativa que es el servicio público”, dijo la funcionaria

Estas declaraciones se dan luego de que empresarios del Estado de México arremetieran contra las autoridades del Estado de México, tanto municipales como estatales, en el sentido de que se debe hacer valer la ley y que el gobierno pague los daños ocasionados en las unidades vehiculares a causa precisamente de los baches.

Por ello, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado no descartó emitir una recomendación a los gobiernos para exponer la realidad que presentan las calles y avenidas que lucen llenas de baches.

Hizo énfasis en que el deterioro de la vía pública es competencia y responsabilidad de las administraciones municipales y del gobierno del Estado de México. “Así como hay varios servicios como la luz y el alcantarillado, entre otros, las vías primarias también se engloban en una actividad elemental que es la buena administración pública”, dijo.

En ese sentido, la ombudsperson mexiquense manifestó que los baches son un asunto que debe ser atendido por las áreas de servicios públicos, donde se requiere de una buena administración pública.

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Subrayó que los gobiernos tienen que ejercer los recursos públicos y debe haber fondos destinados al mantenimiento de las calles y avenidas. Puntualizó que para que esto sea posible se requiere que las autoridades se circunscriban a la buena administración pública como lo marca la Constitución.

"Tenemos que llegar a una regulación en nuestra Constitución, habremos de presentar la iniciativa y por supuesto, siempre que implique una disfunción administrativa y que colateralmente implique la violación a un derecho humano, seguiremos persistiendo", afirmó García Morón.

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