Permisionarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron diversas irregularidades como actos de corrupción, violencia de género, fraude y prácticas monopólicas, supuestamente de las áreas jurídica y operativa de la terminal aérea.
Las denunciantes aseguran haber sido sujetos de amenazas, malos tratos, fraude y agresiones físicas en su contra por parte de funcionarios del AICM.
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En una conferencia de prensa, denunciaron que las autoridades del AICM les han impuesto “trabas” y complicaciones para poder trabajar en el servicio de Autotransporte Federal de Pasaje.
Las afectadas que dijeron ser parte de dos mil 800 permisionarios de taxi exhibieron una oleada de actos de corrupción, violencia de género, y prácticas monopólicas.
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Señalaron que forman parte de las asociaciones de taxistas como Comfort, Nueva Imagen, Sitio 300 y T&M y ahora les quieren imponer a una empresa boletera de nombre Sociedad de Permisionarios en Aeropuertos y Servicio Auxiliares (SPASA), la cual dicen no tiene la experiencia, las herramientas tecnológicas, ni el respaldo del gremio para operar en el AICM.
Ante ese panorama de irregularidades solicitan la intervención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien le enviaron una carta el pasado 24 de noviembre; así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Asimismo, exigen la destitución de José Martínez Molina y Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre, por actuar fuera del marco jurídico de sus funciones.
Guadalupe Espinoza, permisionaria de la empresa Casa Dey, dijo que se encuentran dañadas por las limitaciones que les pone la administración actual del aeropuerto, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para trabajar en el servicio de taxi.
Acusó al director de asuntos jurídicos del AICM, José Luis Martínez Colina, de realizar amenazas y represalias a permisionarios, así como denigrado y discriminado, principalmente a mujeres.
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Las mujeres afirmaron que sus agremiados están debidamente registrados ante la SICT y regulados por el AICM.
También explicaron que de los dos mil 800 permisionarios, cerca de 200 agremiadas se encuentran paradas en sus labores debido a las limitaciones administrativas que les ponen; y que a muchas les han negado “pasar revista” para seguir operando.
En su opinión, posiblemente esta situación la desconozca el director del AICM, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.
Además, demandan una investigación con la injerencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para recibir las quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos; así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para indagar por presuntos delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Entre sus denuncias está que se están violando sus concesiones, y que los cajones de la empresa Sitio 300 –cuyos puntos de venta fueron cerrados en noviembre de 2023– le fueron atribuidos de forma arbitraria a SPASA, en total opacidad.
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