Denuncian comerciantes de Xochimilco acoso y violencia que les impide ejercer su trabajo

Diputado Royfid Torres los apoya y demanda a la autoridad les otorgue garantías

Arturo R. Pansza / La Prensa

  · jueves 21 de marzo de 2024

Foto: Cortesía asociación parlamentaria Ciudadana del Congreso.

Al lamentar la falta de consensos y voluntad entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México para dictaminar las iniciativas referentes al trabajo no asalariado, mismas que le dan certidumbre a los que se dedican al comercio en vía pública, el coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana en el órgano deliberativo, Royfid Torres González lamentó el acoso y violencia de que son objeto los comerciantes de pueblos originarios de Xochimilco.

En conferencia de prensa apoyó a los representantes de la Asociación de Comerciantes Cuauhtémoc A.C., que aglutina a 80 vendedores del pueblo originario de Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, que solicitan a la autoridad local frene la ola de violencia, abuso y acoso de la que son víctima desde hace seis años.

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Foto: Cortesía asociación parlamentaria Ciudadana del Congreso.

Torres González dejó en claro que la denominada bancada naranja en el recinto de Donceles y Allende, respalda la lucha de los ciudadanos y acompañarán a los comerciantes en su justa petición, por lo que ingresó un punto de acuerdo para pedir a la autoridad de la alcaldía otorgue garantías a este grupo para realizar su trabajo.

“Nosotros en Movimiento Ciudadano sólo somos una vía para que ellos vengan aquí a denunciar y exponer su caso, porque este tipo de cosas pasa cuando como legisladores postergamos la aprobación de leyes, como la de Trabajadores No Asalariados, que siguen trabadas y que afectan en su cotidianidad a personas como Irene o César, que no pueden trabajar porque no se les otorga certeza jurídica”, declaró.

A su vez, los inconformes denunciaron la situación que viven todos los días por nuevos liderazgos, solapados por la autoridad de la alcaldía que hasta hace unos días encabezaba José Carlos Acosta Ruiz.

Foto: Cortesía asociación parlamentaria Ciudadana del Congreso.

El líder del organismo, Armando Chávez, sostuvo que los agremiados son constantemente intimidados por Mitzy, Linda y Andrés, personas que piden dinero por otorgar lugares para ejercer el comercio en el pueblo originario y permiten a personas de otros sitios vender a cambio de miles de pesos semanales.

“Desde hace seis años hemos sido golpeados, a mi hasta de muerte me han amenazado y a mi familia por estas personas que, de pronto y un día para otro, alguien les dijo que ellos se harían cargo del comercio en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, cuando nosotros tenemos hasta un acta constitutiva que nos avala y no nada más ahí, sino también del centro de la alcaldía y otros lugares han actuado, afectando a muchas familias, ya que nosotros si no vendemos, no comemos”, precisó.

Hizo notar que la asociación, fundada desde los años 40 y que opera formalmente desde 1987, ha sido ignorada y sus integrantes a diario son condicionados, extorsionados o golpeados, como Irene Sánchez.

Aclaró que “no sólo me causaron un esguince, sino durante el tiempo que estuve recuperándome se burlaban de mí en redes sociales, me difamaron y afectaron de muchas formas. No es posible que la alcaldía no haga nada ante ello y hasta personal que no pertenece al área de vía pública llegue a querer organizarnos o imponernos, como Guerrero de la Cruz, que es trabajador del área de medio ambiente y está en la calle con estas personas”.

Foto: Cortesía asociación parlamentaria Ciudadana del Congreso.

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Por su parte, César Rubén Acuña, quién fue golpeado en el rostro y amenazado de muerte, evitando que se coloque nuevamente para vender. “La señora Rosalinda llegó un día a pedirme que me retirara sin razón alguna, como no quise me agredieron otras personas y me robaron mercancía y cinco mil pesos que traía en mi moto”, relató el vendedor de piercings que lleva 20 años en el mismo sitio.

Armando Chávez añadió que estás acciones cuentan con el contubernio de la autoridad local, “pues lo hacen sin sustento legal y cuando vamos con el director jurídico nos dice ‘mis muchachitos no me hacen caso’. ¿Cómo es posible que ocurra? Piden 5, 10, 20 mil pesos por dejarte vender y actúan incluso cuando nosotros tenemos hasta el acta constitutiva de la organización que nos avala como comerciantes en vía pública”.

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