Ante el cobro de “cuotas ilegales” a los internos del Reclusorio Oriente por parte de las autoridades penitenciarias, que van desde 40 pesos por pase de lista, hasta 500 pesos por permitir el acceso de un teléfono celular, la concejal por Iztapalapa, Olivia Garza presentó ante una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Concejo de Iztapalapa sostuvo una reunión con familiares de internos del Reclusorio Oriente, quienes dieron a conocer los graves actos de corrupción de que son víctimas las personas privadas de su libertad, quienes deben pagar por los más elementales servicios básicos, como son el acceso a agua, luz y pase de lista.
La también directora de la Asociación Civil, Modernizando el Sistema Penitenciario, señaló que durante la reunión los quejosos detallaron el uso de celulares al interior del centro de reclusión con completa anuencia de las autoridades, quienes incluso tendrían una ganancia de más de 3 millones de pesos al mes.
“Las familias se acercaron solicitando intervenga por los internos, en general denuncian cobros totalmente ilegales, corrupción, uso de celulares, en este último caso nos dicen que en el Reclusorio Oriente hay 1565 aparatos y mediante una lista donde aparece quién tiene celulares, les cobran 500 pesos semanales”, explicó.
Garza indicó que los denunciantes también acusaron que los días de visita, cada persona que ingresa al reclusorio debe pagar por lo menos 100 pesos de dádivas a los custodios, esto a pesar de contar con toda la normativa de visita.
Además de esto, señala la queja, la Concejal también acusó abusos de autoridad durante las revisiones a mujeres en los filtros de ingreso de visita. En los cuales, incluso se les pide que se desnuden, requerimiento que termina siendo una práctica intimidatoria para las mujeres por temor a que se les siembre algún tipo de droga.
“Las medidas de seguridad son una cosa y este tipo de abusos es otra, esto se asemeja más a un abuso sexual, son prácticas que ya se habían erradicado y durante muchos años dejaron de ser escuchadas en las denuncias y es lamentable que ahora vuelvan, quiere decir que vamos en retroceso”, sostuvo.
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En la queja, Garza solicitó a la Comisión de Derechos Humanos local realizar recorridos para evitar que estas prácticas continúen, además de entrevistar a los internos y ofrecerles el anonimato con la intención de obtener un testimonio confiable y no manipulado a través del miedo a las represalias.
“Pasan los años y los reclusorios siguen siendo la parte más abandonada siendo que los penales son el reflejo de la sociedad en la que vivimos; no es posible que haya una reinserción social cuando estás creando un recelo hacia el estado con este tipo de acciones. Esperamos que la Comisión actúe a la brevedad de manera eficiente porque estaremos dándole seguimiento”, refirió.
Por último, Garza hizo un llamado al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a intervenir en este tema como nuevo responsable de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, así como a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum a implementar políticas públicas dirigidas a la reinserción social y el combate a la corrupción en estos centros.
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