Ciudad de México.- Integrantes del Movimiento Nacional Taxista, una agrupación de trabajadores del volante que brinda servicio en unidades tradicionales en la zona conurbada, con agremiados a nivel nacional, pidieron a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que antepongan criterios de justicia y no económicos en la resolución sobre los vehículos particulares que prestan el servicio a través de aplicaciones.
Ignacio Rodríguez, vocero de la organización, acompañado por taxistas representantes de diversas regiones de la Ciudad de México, Estado de México y otras entidades del país, manifestó que los integrantes del máximo tribunal de impartición de justicia no deben dejarse intimidar por los supuestos poderes económicos de empresas trasnacionales que cobijan el servicio mediante aplicaciones (App).
En conferencia de prensa realizada justo frente al acceso principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los taxistas indicaron una vez más que tanto la administración federal como los gobiernos estatales han solapado la proliferación de unidades que, siendo autos particulares, brindan el traslado de usuarios en una franca competencia desleal ante el gremio tradicional, al que sí se le exige el pago de diversos impuestos.
Por ello, demandaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la controversia que existe en torno a la definición de que, si estos vehículos representan transporte privado o público, actúen con argumentos apegados a derecho y no a debilidades orilladas por el poder económico de las corporativas trasnacionales que protegen a empresas como Uber, Didi y otras que permiten el servicio de transporte a través de aplicaciones.
Ignacio Rodríguez dio a conocer que muy poca voluntad se observa en las mesas de trabajo con las autoridades, dejando pasar el tiempo mientras cientos de taxistas adheridos a la organización continúan experimentando pérdidas en sus ingresos, más cuando la pandemia ha provocado una caída en la economía nacional.
Agregó que la iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que presentó la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso capitalino no es otra cosa más que una extensión del permiso para que estas unidades que con particulares, pero que prestan servicio público, puedan quedar incluidas en dicha legislación.
Tal panorama, dijo, agudiza las mermas que están registrando los trabajadores del volante, pues lejos de tener una expectativa sobre acciones de gobierno en favor de los taxis tradicionales, se percibe un avasallamiento contra el sector.
Por ello, los taxistas organizados hicieron énfasis en que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que pronunciarse de manera comprometida, honesta y transparente, conforme a lo que dicta actualmente la ley en favor de los trabajadores, en ocasión de la consulta que realizará la Secretaría de Gobernación sobre la ilegalidad del servicio privado.
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