Para garantizar el derecho a la menstruación digna se requiere fomentar el acceso a productos de gestión menstrual, información científica y libre de tabúes en las escuelas, infraestructura sanitaria adecuada, así como acceso a servicios de salud, reconoció la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Geraldina González de la Vega Hernández.
Es por ello que propuso generar políticas públicas que atiendan estas necesidades para estudiantes de escuelas públicas y población vulnerable.
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Mientras tanto, en el conversatorio “Hablando de menstruación: derecho humano de las niñas, mujeres y personas menstruantes”, la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Guadalupe Casas Ratia, sostuvo que estas problemáticas de desigualdad se reproducen desde los términos que científicos varones asignaron a la anatomía y los procesos biológicos femeninos, además de que se expresan en el trabajo reproductivo que es parte de la reproducción social del trabajo, perpetuando estereotipos de género.
Durante el intercambio de ideas que tuvo como sede el Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar iniciativas y políticas públicas para garantizar el derecho a una menstruación digna, académicas y funcionarias participantes analizaron los retos y condiciones de desigualdad y exclusión que afectan a estos sectores poblacionales.
Fue la integrante de la bancada de Morena en el Poder Legislativo local, Marisela Zúñiga Cerón, quien aceptó que los representantes populares tienen la obligación de dignificar los derechos humanos mediante la generación de modificaciones legislativas y políticas públicas que impulsen el bienestar social, por lo que hizo un llamado para que la ciudadanía y las personas legisladoras se sumen a esta causa.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la II Legislatura del Congreso, la diputada morenista detalló que recientemente presentó iniciativas para garantizar el respeto y reconocimiento del derecho a una menstruación digna de las personas en situación de calle y las mujeres privadas de su libertad por procesos penales.
Se trata, dijo, de implementar estrategias que garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, al tiempo que adelantó un punto de acuerdo para solicitar un convenio con la administración federal para llevar a cabo cursos y talleres en la materia.
Delineó que se requieren modificaciones legislativas y políticas públicas para lograr el reconocimiento del derecho humano a una menstruación digna.
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En su participación, Carme n Guadalupe Casas Ratia, delineó que a través de una encuesta realizada por Essity, empresa líder en higiene y salud, y la organización colectiva Menstruación Digna-México, se determinó que el 69 por ciento de las personas menstruantes tenían poca o nula información cuando tuvieron su primer periodo de menstruación.
Comentó que quedó asentado que el 43 por ciento de adolescentes prefieren quedarse en casa y no acudir a sus escuelas durante este lapso, en tanto que el 30 por ciento utiliza papel higiénico en lugar de toallas femeninas.
Del mismo modo, la ponente Rebeca González Camacho, subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la capital, acotó que armonizar las leyes federales y locales permitirá generar políticas públicas para eliminar toda forma de violencia que impida el cumplimiento de los derechos de las mujeres y personas menstruantes.
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