Al acudir al Congreso de la Ciudad de México, víctimas de despojo ligados a la operación de organizaciones de vivienda y del mismo Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), difundieron sus casos y denunciaron opacidad, tráfico de influencias y omisión por parte del organismo y de las autoridades ante quienes han denunciado tales hechos.
En compañía de diputadas locales, tal es el caso de la vicecoordinadora de la asociación parlamentaria Ciudadana Daniela Álvarez Camacho, la panista Gabriela Salido Magos y la priísta Esther Silvia Sánchez Barrios, dueños de los predios ubicados en distintas alcaldías de la metrópoli, narraron cómo llevan hasta 15 años en juicios o trámites con nulos resultados, mientras ellos se encuentran fuera de sus propiedades.
Al hacer uso de la palabra, Rigel Osorio Sierra, quien compró una casa en calle Tlaxcala número 22, colonia Providencia, Sección 5, en Gustavo A. Madero, de la cual lo despojaron dos años después, declaró cuando van ver a funcionarios capitalinos, principalmente del INVI “nos tratan como títeres, dicen que nos dan solución y nos atienden, pero son idas y reuniones en las que no se nos da una resolución a nuestras demandas, por lo que vinimos a solicitar el apoyo de los diputados, porque al tratarse de este instituto, nadie quiere afectarlos”.
Resulta que ese caso es sólo uno de los más de 30 detectados y que ya cuentan con judicialización o están en vía de, algunos con más de 15 años de haber sido invadido el predio, con fallos y cambios de encargado del caso en el Ministerio Público, como el de Antonio Caso 104, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Por su parte, Carlos Ruiz de Teresa, dueño del predio que se disputa con el INVI, ante representante de los medios de comunicación dio cuenta que “llevo varias denuncias presentadas por despojo desde 2006, la última data de 2022 y lleva 14 meses sin avance, con 8 ministerios públicos distintos y un archivo de 4 mil hojas, donde la autoridad da como propietarios a personas que invadieron y ocupan los departamentos de manera ilegal, que firmaron de puño y letra como dueños, incurriendo en delitos gravísimos y que no toman en cuenta para la resolución”.
Los afectados fueron atendidos por Daniela Álvarez Camacho, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de la Contraloría General (SCG) de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, para que realice las investigaciones ante el INVI sobre posibles actos de cohecho, tráfico de influencias, conflicto de interés y desvío de recursos a través de organizaciones, quienes han despojado de sus viviendas a terceras personas.
No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado
“Nosotros no estamos en contra de la vivienda para los que la requieren, pero que sea digna y se haga bien, sin afectar a terceros o con opacidad en la operación, porque nosotros hemos encontrado una red que involucra al director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez Contreras, quien ha dado recursos y autorizado proyectos a su hermana Esperanza, a través de la asociación MUHL, pero además tenemos registrados otros casos que involucran a diversas asociaciones ligadas a diputados de esta legislatura y al mismo jefe de gobierno en litigios”, sostuvo la diputada por la alcaldía Tlalpan.
Junto con Daniela Álvarez, las diputadas Salido Magos y Sánchez Barrios, escucharon los testimonios de los afectados de los predios ubicados en Belisario Domínguez 43 y de Plaza Comonfort 22, que fueron registrados como beneficiarios del INVI y posteriormente echados para dar esas viviendas a otras personas con engaños y demandas sostenidas por el mismo organismo.
Resulta que ya en el pleno, la votación de urgente y obvia resolución del punto de acuerdo, quedó empatada 10 sufragios a favor, por 10 en contra, estos últimos de los representantes de Morena y sus aliados, por lo que fue pasado para la próxima sesión del periodo extraordinario, en la que será votado nuevamente.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem