Por consenso de las diversas fuerzas políticas, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso capitalino decidió no discutir ante el pleno la iniciativa de Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México.
Las bancadas del PAN, PRI y PRD en el recinto de Donceles y Allende lograron convencer a las otras siete fracciones y asociaciones parlamentarias restantes para que ese órgano de gobierno del Poder Legislativo local atendiera la solicitud que hicieron para retirar del orden del día el continuar con la discusión del dictamen de la legislación en próximas sesiones.
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Se trata del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/031/2024 de la Junta de Coordinación Política relativo al proceso de dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley.
Resulta que como parte del acuerdo se aprobó que las reservas presentadas en la sesión ordinaria del pleno del pasado 23 de mayo, fueran remitidas por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México a cargo de la diputada panista Gabriela Salido Magos, a las Comisiones de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Planeación del Desarrollo del órgano deliberativo, para su análisis.
Dichas comisiones llevarán a cabo un análisis de las reservas, mismo que será remitido a la Mesa Directiva para su difusión entre las personas legisladoras integrantes del Congreso local, y una vez cumplidas las 72 horas después de la difusión del análisis de las reservas, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobará incluir en el orden del día de la sesión del pleno el dictamen en sentido positivo, con modificaciones, para su discusión en lo particular.
Los legisladores panistas, priístas y perredistas, reconocieron la disposición política de la JUCOPO para que los artículos reservados y en disputa se analicen en las comisiones señaladas, a fin de llegar a un acuerdo que integre los planteamientos de todos los grupos parlamentarios.
Uno de los temas controvertidos que plantaba la Ley del Derecho al Bienestar era el eliminar que las alcaldías tengan la facultad de generar programas sociales en beneficio de los capitalinos, entre otros aspectos.
Al respecto, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Federico Döring Casar, celebró el acuerdo alcanzado, pero estableció la necesidad de llevar el dictamen a un periodo extraordinario para revisarlo con mayor detenimiento y porque los plazos del periodo ordinario de sesiones están por terminar.
“Agradecemos este nuevo espacio de diálogo y concertación política, pero ojalá que en esta segunda ronda de diálogo, se sea más sensible para recuperar el espíritu de la iniciativa y que no incluya las modificaciones que no venían”, señaló el congresista del blanquiazul.
Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Poder Legislativo local, Ernesto Alarcón Jiménez, destacó la sensibilidad de los legisladores para reanudar los trabajos de revisión de la mencionada ley, en la que insistió en que se mantenga el espíritu de la propuesta original.
“Qué bueno que hubo este margen de sensibilidad para reanudar los trabajos con el inicio de las comisiones unidas, ojalá puedan tener a consideración las propuestas de los grupos parlamentarios, sean incluyentes y se mantenga el espíritu original de la iniciativa, para que sea en beneficio de los ciudadanos”, delineó el diputado del tricolor.
A su vez, la coordinadora del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, Gabriela Quiroga Anguiano, expresó su beneplácito por sacar la discusión de la mencionada legislación y, sobre todo, el tener un espacio de discusión para llevar a buen puerto este dictamen de ley que es en beneficio de toda la Ciudad de México.
Señaló que “a la población sí le preocupa eliminar las facultades de las alcaldías en la elaboración de programas sociales, por lo que es de reconocer en esta Junta de Coordinación Política que extender las negociaciones para tener un buen dictamen que beneficie a la ciudadanía”.
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