La defensa de la estudiante Yaretzi Adriana, de 18 años de edad, quien murió en el choque de los trenes ocurrido el 7 de enero pasado, y de otras víctimas del accidente, adelantó que inició un proceso ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para reclamar a la aseguradora del Metro que informe sobre los alcances del seguro que se les otorgará.
Además, destacó que solicitaron al embajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar, la emisión de una alerta de viaje a la Ciudad de México ante los últimos acontecimientos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
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El abogado Cristopher Estupiñán señaló que ampliaron la denuncia existente a todo el Metro, para que sea el propio STC el que enfrente las acciones penales.
Además, agregó que se presentó una solicitud de nulidad y de reposición del procedimiento de la audiencia inicial del chofer del convoy, quien fue detenido en días pasados.
Destacó que “ninguna de las personas que estamos aquí fuimos llamados ni citados a esa audiencia, la fiscalía, de manera flagrantemente ilegal, llevó una investigación a vapor en la que en algunos de los casos las víctimas no acudieron a ratificar una denuncia, y no conocemos quién es el fiscal a cargo de la investigación; la audiencia refleja la intención de la fiscalía de imponer culpables”.
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En conferencia de prensa, el penalista agregó: “Ante la negligencia, falta de transparencia y de responsabilidad de las autoridades para enfrentar la situación, hemos solicitado a Ken Salazar que en atención a todos estos incidentes emita una alerta de viaje para que se le informe a los ciudadanos estadounidenses los incidentes en el STC Metro”.
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Esta es una de las acciones que la defensa de algunas de las víctimas del choque de dos trenes entre las estaciones La Raza y Potrero, de la Línea 3 del Metro, ha implementado para buscar justicia para sus defendidos, entre los que se encuentran los padres de la joven fallecida.
Durante la conferencia, rechazaron la investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó respecto al caso, en la que concluyó que el choque fue provocado por la conducción negligente y por posible sabotaje.
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