La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy Ramos, informó sobre los avances en la investigación sobre las presuntas prácticas irregulares relacionadas al Cártel Inmobiliario, en la alcaldía Benito Juárez, así como la recuperación de 60 inmuebles vinculados al caso.

Involucrados varios exfuncionarios

La Fiscal detalló sobre las investigaciones de la dependencia que involucra a varios exfuncionarios, incluido un exalcalde y directores generales, entre otros, y que dichas acciones continuarán a pesar de las presiones políticas que se interponen en su ratificación y que fue sometida a diversos amparos que le impidieron hablar sobre el tema durante varios meses.

Godoy Ramos recordó que en el caso de Luis "N" y Nicias "N", se les aseguraron en total 11 inmuebles, lo cual es muestra de un trabajo coordinado por las autoridades para desenmascarar un patrón de abuso de poder y uso de atribuciones ilegales en la alcaldía desde 2015.

Como parte de esta investigación, aseguró que han recuperado al menos 60 inmuebles y se han restituido propiedades valuadas entre 80 y 90 millones de pesos, en espera de la entrega de otras propiedades que aún continúan en proceso.

Godoy recordó que tras la explosión de una lavadora mal instalada en un departamento de un edificio ubicado en la alcaldía Coyoacán, en agosto de 2021, quedó “al descubierto esta inefable red de corrupción. Con base en los registros de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos de la Ciudad de México, pudimos corroborar que diversos inmuebles de reciente construcción en la alcaldía Benito Juárez presentan distintos tipos de anomalías e irregularidades”.

Procesadas 16 personas hasta el momento

Reiteró que hasta el momento, han llevado a proceso a un ex alcalde, tres ex directores generales, dos ex directores, un ex subdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y a una gestora; otros cinco ex servidores públicos con niveles altos y mandos medios también son investigados, así como otros dos contratistas.

“Al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares”, dijo Ramos.

Asimismo, fue enfática al señalar que “varias de las personas imputadas buscaron impedir a toda costa que dejáramos de hacer pública su inmoralidad y fue entonces que esta Fiscalía General de Justicia fue objeto de una especie de ley mordaza, de amparos mordaza, que nos impidieron legalmente hablar de algunos de estos personajes por orden expresa de una autoridad judicial federal”.

En las indagatorias, detectaron que los ingresos anuales declarados no coincidía con los estados de cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con las declaraciones presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria, por lo que a Luis “N” se le impuso el aseguramiento de seis inmuebles, mientras que a Nicias “N”, el decomiso de cinco propiedades.

Entrega de inmueble en la colonia Florida

La titular de la FGJ expresó su entusiasmo al entregar el inmueble de la colonia Florida a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, “este edificio en beneficio del pueblo, pueblo al que estos seudo servidores y servidoras públicas le mienten y le roban, razones por las que buscan, a como dé lugar, que yo no continúe investigando sus inmoralidades”.

Lanzó un mensaje a sus adversarios, “sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad, solo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político; sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la fiscalía y han pretendido politizar la justicia”.

Reiteró su compromiso en la búsqueda de justicia y añadió, “somos muy incómodos con quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas, a ellos les resulta incomprensible y muy incómoda la acción de la fiscalía”.

A quien se crea intocable en razón de su poder político, mediático o económico, le reiteramos que esta fiscalía tiene como función investigar hechos que puedan configurar delitos previstos en las leyes y lo hacemos sin consideraciones políticas, sin tamizajes, sin filtros y, por supuesto, sin hacer caso de amenazas.

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Su ratificación, venganza política

A quienes han manifestado públicamente, que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificame, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto.

Por la anterior, ratifico mi determinación por darle fuerza y contenido real a lo que siempre hemos manifestado: al margen de la Ley nada, por encima de la Ley, nadie.

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