La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pidió a la Secretaría de Salud de la entidad, lo mismo que al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) capacitar y sensibilizar al personal médico para combatir la violencia obstétrica, debido a que el territorio mexiquense ocupa el primer lugar a nivel nacional en ese tipo de agresiones contra mujeres.

En la recomendación que emitió ayer sobre este asunto, afirmó que es necesario que estas dependencias, a través de su personal profesional, neutralicen prejuicios de discriminación y garanticen así una atención médica calificada, digna, respetuosa y con enfoque de género.

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La institución que encabeza Myrna Araceli García Morón emitió la recomendación general 01/2022 “Derecho de la mujer a una vida libre de violencia obstétrica”. Este documento fue canalizado a las dos dependencias antes mencionadas, pero también al presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión de México.

A los titulares de la Secretaría de Salud del Estado de México e ISSEMYM, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad demandó implementar una campaña de promoción de derechos humanos y de salud reproductiva de las mujeres, durante la atención del embarazo, el parto y el puerperio, con el fin de brindar a las usuarias información sobre sus derechos y cómo ejercerlos.

Al presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión de México, Myrna Araceli García Morolo le solicitó, de estimarlo pertinente, que la presente recomendación sea turnada la comisión legislativa respectiva y pueda analizarse la viabilidad de incluir la figura de “Violencia obstétrica” en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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La recomendación precisa que la violencia obstétrica es el trato deshumanizador o la comisión de posibles abusos en la medicación en el evento obstétrico, la falta de información, el descuido, abuso o maltrato verbal y las actitudes denigrantes, que reciben las mujeres embarazadas, durante el parto, el puerperio o las emergencias obstétricas y la falta de protección de la persona recién nacida.

También demanda asumir los acuerdos necesarios sobre requerimientos técnicos y humanos, y programar el ejercicio presupuestal que permita ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria para atender a las mujeres en esa condición, priorizando las zonas alejadas y de marginación social, donde se prestan servicios de salud gineco-obstétricos, principalmente, en el área de urgencias para que se cuente con personal que atienda de forma adecuada a las mujeres gestantes.

Finalmente, pide la inclusión de un estudio de violencia obstétrica, en las distintas actividades para el desarrollo académico de médicas, médicos y especialistas, como el desarrollo de congresos, simposios, foros, seminarios, coloquios, cursos y talleres, entre otros, tomando en cuenta el análisis de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que da sustento a esta recomendación.

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