Tres personas que se hallaban en los penales de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco, condenadas a 40 años, entre ellas una mujer indígena acusada por el delito de extorsión de 2 mil pesos, fueron liberadas por amnistía.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, instancia que apoyó en la liberación de estas personas, fueron dos mujeres y un hombre los que consiguieron salir de los penales, tras una exhaustiva revisión de los casos.
TE RECOMENDAMOS: Hallan cadáver maniatado en el canal Río de los Remedios, en Naucalpan
En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec fue liberada Jocelyn, quien estuvo encerrada en este lugar durante 14 años, después de ser sentenciada a 40 años por el homicidio de su pareja, quien era un policía federal que ejercía contra ella violencia física, psicológica, sexual, económica, vicaria y familiar.
En el estudio del expediente, la Comisión de Derechos Humanos encontró que no fueron tomados en cuenta diversos aspectos durante el proceso penal que se le siguió, entre ellos no se valoró que Jocelyn era víctima de violencia, se vulneraron sus derechos de acceso a la justicia, a ser juzgada con perspectiva de género, a tener una adecuada defensa, y no se tomó en cuenta que era una mujer en situación de vulneración.
El día de los hechos por los que fue juzgada, su concubino amenazó con matar a la hija de ambos, de un año, a quien le colocó una pistola en la cabeza y luego le introdujo el arma a la boca; posteriormente Jocelyn tomó el arma y le disparó.
En los otros dos casos se consiguió amnistías para Martina y Juan, quienes fueron sentenciados a 40 años de cárcel por una extorsión, de los cuales compurgaron 8 años. Martina fue liberada en el penal femenil de Nezahualcóyotl Sur y Juan, de Chalco.
Si quieres recibir las noticias en tu Whatsapp, envía la palabra ALTA a este enlace
Martina es una mujer indígena migrante, originaria del estado de Oaxaca, que habla mixteco y entiende poco el español; Juan trabajaba como ayudante de albañil, era cuidador de su mamá, quien tiene una discapacidad motora y no tenía acceso a los servicios de salud ni de seguridad social.
En el análisis de los dos expedientes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México encontró que durante el proceso penal fueron afectados los derechos humanos de las dos personas a la proporcionalidad de la pena de prisión, al ser excesiva, ya que el monto de la extorsión fue de dos mil pesos, los cuales incluso fueron recuperados.
Además, el derecho a su defensa fue inadecuado. Martina no tuvo un intérprete o traductor en su lengua originaria, y no se consideraron elementos significativos como la situación de vulnerabilidad de ambos, la discriminación en el caso de Martina, por ser mujer, así como la situación de pobreza de Juan.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem