Al dejar en claro que los extranjeros que llegan a vivir a la capital del país pueden acceder a departamentos en las colonias más adineradas de manera fácil, mientras que los ciudadanos locales no aguantan los costos cada vez más altos de las colonias donde residen y se ven forzados a abandonar sus residencias y buscar sitios más baratos, la diputada del PAN Frida Guillén Ortiz, pugnó por impulsar acciones para enfrentar los problemas que derivan de la gentrificación, la crisis de vivienda y la llegada de nómadas digitales a la metrópoli.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora panista anunció presentará una iniciativa que tiene el apoyo de la bancada a la que pertenece, para crear el impuesto nómada digital dirigido al saneamiento urbano y la atención de los problemas derivados de la gentrificación.
Se establecería que los recursos públicos que se generen por concepto del impuesto, se destinen a un fideicomiso, para implementar proyectos de desarrollo urbano, transporte y vivienda en la Ciudad de México, a fin de contrarrestar los efectos provocados por la gentrificación.
Fundamentó la congresista del blanquiazul que el poder adquisitivo de los nómadas digitales está muy por encima del promedio nacional, es decir, mientras que un mexicano gana entre 8 a 10 mil pesos mensuales, los extranjeros tienen un salario promedio de más de 5 mil euros que se traducen en más de 100 mil pesos mexicanos.
Comentó que en México se estima que puede haber más de 90 mil extranjeros que radican bajo el concepto de nómadas digitales, cuyo gasto podría superar los mil millones de dólares, convirtiendo a México en el país de Latinoamérica más importante para esta nueva modalidad de teletrabajo y el segundo del continente tan solo por detrás de Estados Unidos.
Se trata de acciones para enfrentar los problemas que derivan de la gentrificación, la crisis de vivienda y la llegada de nómadas digitales a la urbe, detalló la legisladora panista.
Mencionó que “el objetivo es moderar y regular la estancia de los nómadas digitales sin prohibir su estancia en la capital, así como distribuir la concentración de los beneficios que esta nueva modalidad de trabajo a distancia y el turismo de larga estancia dejan en la ciudad”.
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En declaraciones a los medios de comunicación, precisó que en México los nómadas digitales pueden entrar y salir del país cuando quieran, así como permanecer en territorio mexicano por un tiempo indefinido, lo que propicia que las plataformas de renta de espacios residenciales, tal es el caso de AirBnB, Booking, Expedia y Home Away, eleven los precios de renta por noche, e incluso por mes, lo cual, a su vez, produce un efecto poco deseado en los precios de las rentas y la vivienda alrededor de la zona.
Guillén Ortiz refirió que se busca que las ganancias que actualmente se encapsulan entre los propietarios y administradores de los inmuebles, lleguen a las demás personas que habitan en la capital.
“Los capitalinos son los que verdaderamente padecen los efectos de la gentrificación, agudizados por la llegada de extranjeros con un alto poder adquisitivo. Existen antecedentes en otras partes del país, donde se han implementado contribuciones especiales para el saneamiento y resolver problemas como el sargazo, aquí buscaremos hacer lo mismo para enfrentar las consecuencias de la gentrificación”, acotó.
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Detalló que, con el impuesto propuesto a aplicar, se pretende establecer en el Código Fiscal de la Ciudad de México que, aquellos extranjeros que contraten el servicio de alojamiento turístico a través de medios tradicionales o plataformas digitales por más de 20 días, paguen por cada noche adicional una Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en la actualidad es de 103.74 pesos, al momento en el que se realice el pago del hospedaje respectivo.
La legisladora de Acción Nacional dijo que dicho monto deberá ser retenido por los prestadores de servicios de alojamiento, así como las personas físicas o morales titulares de los derechos de las plataformas tecnológica o digital que intervenga en el arrendamiento, para quedar como obligados solidarios las personas físicas y morales respecto a las unidades económicas donde se presenten estos servicios dentro del territorio de la ciudad de México.
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