En el Congreso de la Ciudad de México se analiza el ponerles un alto a defraudadores de préstamos exprés a través de aplicaciones electrónicas y del internet, que es el modus operandi del crimen organizado.
Por parte de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país, se han identificado al menos 80 apps, mediante las cuales se solicita acceso a la cámara del celular, a los contactos, ubicación o almacenamiento de los usuarios.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Poder Legislativo local, Nazario Norberto Sánchez, explicó que de esa manera los delincuentes obtienen fotografías o datos para posteriormente extorsionar o amedrentar al exigir un pago por adelantado o bien intereses no pactados con anterioridad.
En caso de no cumplir con lo que se les demanda, las víctimas pueden ser exhibidas ante sus conocidos, por parte de los defraudadores.
Dentro de ese contexto, el diputado de Morena alertó a la población para ya no dejarse engañar por defraudadores con aplicaciones de internet por las que se ofrecen préstamos fáciles de dinero exprés, sin aval ni requisitos complicados, para después extorsionar a quienes hayan aceptado sus términos, práctica que está creciendo de manera importante a últimas fechas.
Señaló que el ilícito lo realiza gente sin escrúpulos, que aprovecha la necesidad de recursos, originada por la pandemia a casusa del Covid-19 y la falta de trabajo de las personas que necesitan proveer a sus familias de lo más indispensable.
Para que terminen este tipo de extorsiones, el legislador presentó una iniciativa que ya se analiza en comisiones del Congreso, para sancionar con más de cinco años a estos defraudadores S comprometió a impulsarla para su aprobación en el próximo periodo de sesiones.
Detalló que la Policía Cibernética ha sido constante en informar sobre los riesgos de pedir dinero por medio de estas aplicaciones, porque son préstamos falsos en su mayoría de “empresas de internet” que no cuentan con registro ni regulación.
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Del mismo modo, la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informó que lamentablemente cada año estos delitos aumentan al pasar del 47% en 2017 a un 70% en 2021.
La propuesta de Nazario Norberto, adiciona un capítulo 3 al Título 7 del Código Penal locasl, para establecer una penalidad de 3 a 5 años de prisión y una multa de 300 a 500 unidades de medida de actualización (44 mil 810 pesos), a quien use indebidamente las tecnologías de la información y comunicación para defraudar, obtener dinero, bienes o información o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
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