El Congreso de la Ciudad de México no debe renunciar a su facultad de revisar el presupuesto que distribuye la administración capitalina, dejó en claro el diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz.
Por lo anterior estuvo en contra de que en el órgano deliberativo de Donceles y Bolívar se convoque a una sesión extraordinaria, sin la presentación del dictamen de comisiones, acerca la iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que promueve obtener más facultades sobre el presupuesto.
Aseguró que la diputación de Morena pretende legislar a ciegas y sin estudiar el dictamen, además de que no se ha realizado la reunión de la comisión que le tocaría abordar la iniciativa de Sheinbaum.
El legislador perredista declaró: “el asunto es un tema político de los diputados de la mayoría, en donde recibieron la instrucción de un periodo extraordinario para el jueves, y lo están sacando ellos sin dictamen”.
Refrendó que Morena busca atender un asunto de urgencia sin tener el insumo para abordarlo.
Aclaró que el PRD no está en contra de que se aprueben los periodos extraordinarios para atender los temas que urgen para la ciudad, porque los de ese partido han sido los principales promotores de continuar con el trabajo legislativo.
Por su parte, el integrante de la bancada del PAN en el Poder Legislativo local, Cristian Von Roehrich de la Isla refirió que la propuesta de reformar los artículos 23 bis y 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, facultaría a Sheinbaum a que en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, de manera arbitraria realice las reducciones del Presupuesto de Egresos que estime necesarias a los órganos autónomos y de gobierno, dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades.
Abundó que, así como de cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones, imponiéndoseles la obligación de hacer los respectivos ajustes presupuestarios y en caso de no hacerlo la Secretaría de Administración y Finanzas se encontrará facultada para ello.
En conferencia de prensa en la que participaron el presidente de Acción Nacional en la metrópoli, Andrés Atayde y los legisladores locales de ese partido América Rangel, Mauricio Tabe, Federico Döring y el diputado federal Luis Mendoza, Von Roehrich de la Isla, en su calidad de vicecoordinador de la fracción parlamentaria advirtió que la propuesta de la jefa de gobierno contraviene los artículos 21, 29, 32, 35, 46, 53 y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Argumento que vulnera el principio de división de poderes que impera no solo en la capital del país, sino en toda la República, porque del contenido de los artículos señalados se puede observar que es facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México el expedir el presupuesto y el gasto público de la metrópoli.
Comentó que de facto, con estas reformas, bajo el pretexto de atender casos de emergencia sanitaria o desastre natural, sin detallar los alcances y condiciones que deben existir para una declaratoria de este tipo, por más evidentes que puedan ser, se le otorgarían facultades a la persona titular de la jefatura de gobierno, que extralimitan las establecidas en el texto constitucional.
Más aún, de aprobarse las reformas aludidas en los términos planteados, la administración citadina no solo tendría capacidad de decisión con respecto al presupuesto correspondiente a organismos autónomos y alcaldías, sino que incluso podría manipular de manera discrecional los recursos presupuestales del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque estos se encuentran incorporados dentro del Presupuesto de Egresos, lo cual es violatorio a todas luces de los principios republicanos y democráticos que rigen la vida de nuestro país.
La propia legislación vigente y con cuidado del precepto de división de poderes en materia presupuestaria, únicamente prevé que la jefa de gobierno pueda intervenir discrecionalmente en el presupuesto aprobado por el Congreso, cuando exista una caída de los ingresos menor al 5%, de modo que sí la caída es mayor a dicho porcentaje, cualquier ajuste presupuestario tiene que ser aprobado por el poder legislativo.
Para el PAN la reforma es perjudicial, porque de manera arbitraria y con pretexto de la contingencia sanitaria, se afecta directamente el presupuesto asignado para satisfacer servicios básicos de la ciudadanía, como son la seguridad, el suministro de agua, transporte, desazolve, bacheo, reparación de luminarias, recolección de basura, e inclusive hacer mucho más lento el presentar y darle trámite a una denuncia ante la Fiscalía o bien darle curso a una queja ante la Comisión de Derechos Humanos o a una simple solicitud de información pública, y que decir, de los procesos judiciales que podrían ser aún más lentos y tortuosos.
JLP