Contraloría anula inhabilitación contra Antuñano; limpia su nombre

El recurso para inhabilitarlo fue promovido en el 2017 por el entonces líder del PRD Raúl Flores, pero ahora quedó sin efectos

Redacción | La Prensa

  · sábado 5 de diciembre de 2020

Foto especial

Ciudad de México.- La Contraloría General de la Ciudad de México anuló la inhabilitación por tres años contra el ex director Jurídico de la alcaldía Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano.

En el oficio SCG/DGRA/DSR/1179/2020 se da cuenta de la declaración de nulidad de la resolución de fecha 3 de febrero de 2017, dictada en el expediente administrativo CG/DGAJR/DSP/329/3616/2016 por el entonces director de Situación Patrimonial de la otrora Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.

De acuerdo con el expediente CG/DGAJR/DSP/329/36161/2016, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas resolvió que se le deben restituir todos los derechos que le fueron privados.

Esta Dirección de Substanciación y Resolución de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México deja sin efectos con todas sus consecuencias legales , la resolución del 3 de febrero del 2017, dictada en el expediente administrativo CG/DGAJR/DSP/329/36161/2016, una inhabilitación temporal por tres años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México”, se lee en el documento.

Al respecto, Pedro Pablo de Antuñano, ahora dirigente del partido Redes Sociales Progresistas en la capital, aseguró que la inhabilitación de la que fue objeto tuvo tintes políticos y buscaba manchar la imagen de Ricardo Monreal, exjefe delegacional Cuauhtémoc.

Pedro Pablo de Antuñano también fue exonerado por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México contra todo acto ilícito, esto mediante la resolución administrativa D.A 275/2019 y en lo penal y fiscal por la entonces Procuraduría General de Justicia y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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