Contaminación grotesca por cables aéreos obliga a su retiro paulatino

El soterramiento del cableado es la nueva forma de diseño de ciudades en todo el mundo, para garantizar que sean seguras, limpias, incluyentes y sustentables

Arturo R. Pansza | La Prensa

  · martes 16 de noviembre de 2021

Al menos el 50 por ciento de los cables instalados a lo largo y ancho de la capital del país están en desuso | Foto: Cortesía

Debido a que los cables aéreos en la vía pública son parte de la contaminación visual y representan riesgo constante para los transeúntes y sus bienes, el coordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, recibió el apoyo de diputados de diversa filiación partidista, a fin de que sean retirados por las empresas y que los instalen de manera subterránea, con costo para los permisionarios y concesionarios, que se harían acreedores de sanción de incumplir con lo dispuesto.

Propuso que mediante leyes los legisladores resuelvan ese problema y que se establezca como meta el 1° de enero del 2025, el declarar a la metrópoli como una ciudad cien por ciento libre de cables aéreos.

Al exponer que al menos el 50 por ciento de los cables instalados a lo largo y ancho de la capital del país están en desuso, el representante popular ecologista en declaraciones a LA PRENSA reconoció que la inversión para ponerlos de manera subtarránea sería millonaria y aún incalculable, pero el costo lo deberán cubrir las empresas, pero de existir retaso en la participación de la iniciativa privada el gobierno haría parte de la inversión, pero le tendrá que cobrar a los particulares.

Se trata, dijo, de que las empresas asuman el costo y participen directamente en quitar todo el cableado de manera paulatina en toda la Ciudad de México, con la aclaración de que “la inversión sería menos a lo que pueden ganar; que lo que cueste combatir la contaminación visual grotesca lo cubran los de la iniciativa privada”.

El representante popular del Verde Ecologista insistió que sería en etapas el retiro, mediante la participación activa de las de empresas y, si por alguna causa no lo hacen tendría que intervenir el gobierno que finalmente cobraría a los particulares, al tiempo que comentó que ya está en pláticas con una televisora para determinar cómo podría llevarse a cabo el programa que propone y en el que debería participar no solo el gobierno central sino los titulares de las 16 alcaldías.

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“Quienes visitan la ciudad se encuentran con una cosa muy brutal que es cables por todos lados”, estableció y detalló que, de entrada, el retiro tendría que sustentarse en la Ley de Administración Pública y hacer cambios en otras legislaciones, de ahí la importancia de la participación de los representantes populares para que determinen cómo deben actuar desde el Congreso.

Sesma Suárez detalló que el soterramiento del cableado es la nueva forma de diseño de ciudades en todo el mundo, para garantizar que sean seguras, limpias, incluyentes y sustentables.

“Es común ver en cualquier calle de la capital del país el exceso de cables que cuelgan de los postes de luz de empresas de telefonía o televisión de paga y, en donde por la falta de mantenimiento existe gran cantidad de cables en desuso, poniendo en riesgo la integridad física de las personas y su patrimonio, además de perjudicar la imagen urbana y del medio ambiente”, declaró.

Las autoridades piden junto con vecinos los resultados de las mediciones a las que se comprometió la STC en abril de este año. Foto: Cuartoscuro

Reiteró que al ser parte de la contaminación visual y representar un riesgo constante para los transeúntes y sus bienes, es necesario realizar un listado de empresas públicas y privadas que cuentan con cables para que, de manera ordenada, los retiren e instalen subterráneamente, identificándolos plenamente.

Por ello solicitó de manera urgente ante el Congreso de la Ciudad de México, poner orden en la vía pública mediante la eliminación paulatina de los cables aéreos, a través de una ley que garantice la vigilancia, el orden y los plazos para su retiro, así como sanciones para el caso de incumplimiento.

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