Ciudad de México.- Ante un mayor uso de internet y la disponibilidad del mismo en más del 75 por ciento de los hogares de la Ciudad de México, resulta fundamental proteger los datos personales y, concientizar a la población sobre los riesgos que implica compartir información privada.

De igual manera se requieren de acciones que permitan prevenir y evitar actos de violencia digital hacia las mujeres, que son frecuentes mediante la exhibición en redes sociales de imágenes, videos o audios que vulneran su intimidad.

El derecho a la protección de datos personales y la privacidad, busca garantizar a las personas el control sobre el uso y destino de sus datos personales, a fin de impedir su indebido tratamiento.

Ante esos planteamientos, integrantes del Congreso capitalino, especialistas en el tema y representantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), coincidieron en que es preciso evitar que dicha protección solamente se considere como una mera obligación impuesta arbitrariamente por las autoridades.

La postura de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña Hernández, es que se tiene la oportunidad de concientizar, tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general, sobre la importancia del debido tratamiento y la protección de datos personales.

“Para lograrlo, un elemento clave es la educación, para que los mismos ciudadanos hagan valer el ejercicio de su derecho y también eviten por cuenta propia divulgar sus datos a terceros", explicó.

Hizo notar que en el 2020 se incrementó el uso de las tecnologías de la información para comunicarse, ante la pandemia provocada por el Covid-19, que impide realizar las actividades de manera presencial, como es el caso de la educación y el trabajo, por ello son cada vez más las personas que están en la necesidad de utilizar las plataformas electrónicas para transferir su información.

Refirió que más del 75 por ciento de los hogares de la capital disponen de internet, por lo que es necesario concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos que implica el compartir su información privada sin asegurarse que se le otorgue el tratamiento adecuado.

En su momento, la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, Guadalupe Aguilar Solache, reflexionó sobre la importancia del manejo de datos personales en posesión de sujetos obligados y, sobre el incremento en el uso de plataformas tecnológicas y redes sociales durante la pandemia, lo que ha comprometido la intimidad y seguridad de las personas.

La diputada de Morena dijo que la custodia de datos personales no sólo es un derecho, sino que es un elemento “central y transversal de las actividades institucionales”.

Difundió que las víctimas principales contra la intimidad son las mujeres, como grupo social mayoritario. De acuerdo con los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son 126 millones 14 mil 24 habitantes y de ese número, 51.2 por ciento pertenecen al sexo femenino.

Recomendó cuidar qué y cuál información se comparte; los datos que se proporcionan en el ámbito laboral, sólo deben ser utilizados en ese espacio; y en las relaciones interpersonales, se debe extremar precauciones, no compartir información o aspectos de la vida personal.

Al abordar el tema, el presidente del INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez, expuso que la necesidad que tuvo la población, sin exclusión de los menores, de trasladar muchas de sus actividades a la virtualidad por el Covid-19, ha dejado experiencias que se deben capitalizar para, con buen éxito, relanzar una estrategia nacional integral de ciberseguridad que responda a las demandas y necesidades de las personas, sobre todo, que garantice el respeto de sus derechos humanos.

Reconoció que hay pendientes en materia de protección de datos para los menores de edad que se deben enfrentar ante el hecho de que las niñas y los niños de hoy son nativos digitales, cuyo uso intensivo de tecnologías y redes es natural, pero representan riesgos de los que debemos protegerlos.

“Ustedes y nosotros somos una generación que creció y nació con una pantalla. Hoy, los menores de edad han nacido y están naciendo con cuatro o cinco pantallas y eso es un nivel de exposición muy intenso, con muchos beneficios en su vida, pero también con muchos riesgos”, refirió en el marco del foro “La protección de datos personales como eje para relanzar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”.

Aclaró que el espacio digital, aun en su virtualidad, no puede escapar al derecho en general y, en específico, a la vigencia irrestricta de los derechos humanos hecha valer de modo efectivo por el Estado.

El también Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) expuso que todo Estado constitucional tiene la ineludible obligación de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de las personas.

“Ahí radica la legitimidad de los Estados democráticos y constitucionales en la actualidad, porque en la promoción, defensa y en el progresivo e interdependiente desarrollo de los derechos es signo distintivo de este tipo de Estados en las sociedades modernas”, señaló.

Bonilla Gutiérrez reconoció que es innegable la capacidad democratizadora actual y potencial que posee internet al poner al alcance de las personas todo tipo de información y, a su vez, generar contenidos que de forma conscientes o no, sean expuestos en un espacio público sobre el que perdemos todo control en muy poco tiempo.

Resulta que la actual organización informática, individualizada y accesible, es una demanda amplísima a la que las personas se enfrentan; sin embargo, en el proceso, las grandes empresas de tecnología y terceros con diversos intereses recopilan, transfieren, administran y procesan datos personales que les proporcionamos y son susceptibles de ser usados para fines tanto lícitos como ilícitos.

De ahí la importancia de crear un ecosistema digital seguro y relevante para todas las personas.

Julio César Fonseca Ortega, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, consideró fundamental que la población conozca sus derechos y los haga valer. Calificó a la seguridad y protección de los datos personales como un reto en la actualidad, ante el incremento del uso de plataformas digitales.

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, expuso que, debido a la crisis global causada por la pandemia, tanto el sector público como el privado, han tenido la necesidad de migrar sus productos y servicios hacia los espacios digitales, y “tan abrupto proceso de adaptación ha incrementado las amenazas a las instituciones y a nuestra privacidad”.

Mencionó que se considera necesaria la construcción de una política nacional de ciberseguridad, armónica y de avanzada, acorde a los tiempos y desafíos que se enfrentan.

Difundió que la misión como instituto garante implica, primero, dimensionar los problemas más complejos de la ciberseguridad y protección de datos personales para posicionarlos en la agenda pública y, segundo, es obligación abonar en el surgimiento de propuestas sólidas y factibles.

“Es precisamente para enfrentar esos desafíos que el INAI y el SNT hoy nos convoca. El objetivo es claro: reflexionar en estos próximos días sobre la viabilidad de proyectar una estrategia nacional de ciberseguridad que permita generar un amplio conocimiento de lo que es y lo que implica a través de la coordinación de esfuerzos de los sectores público, privado y social”, subrayó.

A su vez, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, indicó que los avances tecnológicos han abastecido a los gobiernos de instrumentos de vigilancia ciudadana más intrusivos y potentes, los cuales suelen justificar crisis y urgencia de seguridad o sanitarias, pero muchas veces se instalan de forma permanente.

El Estado, además de seguir siendo una fuente de riesgo, incluso potencializado, también se presenta como un instrumento de protección contra terceros; así surge un reto de diseño institucional que es único para nuestra generación.

Dentro del contexto actual por el Covid-19, urge una estrategia de seguridad nacional, debido a que la tecnología, suele ir a una velocidad más rápida que la del derecho, por lo que resulta necesario la anticipación institucional.

Para el Ministro Ortiz Mena, el modelo de democracia institucional exige de la interrelación de las diferentes ramas del poder público para hacer frente a los presentes retos. A su vez, enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la protección de los datos personales es un derecho y que las competencias del INAI son una garantía orgánica de este derecho.

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, acotó que la protección de datos personales ha modificado sustancialmente la vida democrática de los países. “Hoy por hoy, las democracias consolidadas que tienen densidad se confirman a partir del respeto a la vida privada de las personas”.

Insistió en que un país democráticamente confiable es aquel que respeta de forma efectiva la vida privada de sus ciudadanos, de los inversionistas, de los clientes; “el Estado mexicano vive de servicios y el T-MEC tiene apartados que reflejan el debido y celoso cuidado de los datos personales de los habitantes de los tres países que lo conforman”.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso citadino, el morenista Carlos Castillo Pérez, destacó la importancia del manejo adecuado de los archivos que contienen datos sensibles, como parte de la protección de datos personales.

Se refirió al caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, cuyos archivos deben ser tratados con respeto hacia los jóvenes y sus familias, quienes fueron víctimas de un delito de lesa humanidad.

La integrante de la bancada de Morena en el Legislativo local, Guadalupe Aguilar Solache, reflexionó sobre la importancia del manejo de datos personales en posesión de sujetos obligados y, sobre la forma en que durante la pandemia se ha incrementado el uso de plataformas tecnológicas y redes sociales, lo que puede comprometer la intimidad y seguridad de las personas.

Puntualizó la necesidad de prevenir y evitar actos de violencia digital hacia las mujeres, que son frecuentes mediante la exhibición en redes sociales de imágenes, videos o audios que vulneran su intimidad.

Julio César Bonilla Gutiérrez, aseguró que la protección de datos personales forma parte de los derechos fundamentales de la población, por lo que deben ser garantizados por los gobiernos.

Reconoció el compromiso del Congreso local con las libertades, la defensa de los derechos de la población y la apertura de espacios para la discusión en temas relevantes para la capital y la construcción de mejores leyes.

La titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, Martha Juárez Pérez, aludió la relación entre violencia digital, particularmente contra las mujeres, así como la protección de datos personales, delito que es aún más grave cuando lo comete un funcionario público, lo mismo que sucede con la violencia política de género durante las campañas políticas.

Señaló como datos personales sensibles los relacionados con el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, y preferencias sexuales, entre otros, ya que pueden dar origen a actos de discriminación y poner en riesgo a las personas.

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