Con el objetivo de llevar a cabo la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Congreso de la Ciudad de México lleva a cabo una labor conjunta con la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM), en busca de generar un sistema de justicia acorde a las nuevas tecnologías y cambios sociales.
Se trata de que haya un avance en el proceso de homologación de la legislación local con los instrumentos legales a nivel federal y, dentro de ese contexto, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local ya tuvieron una mesa de trabajo con la COCIFAM, como parte de la elaboración del dictamen de la iniciativa para reformar diversos ordenamientos jurídicos.
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Resulta que se ha dado un compromiso y acompañamiento por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México en el proceso, así como la expertis de las magistradas, magistrados, jueces y juezas participantes, que enriquecen el trabajo de dictaminación.
Fue el pasado 3 de julio, en sesión solemne el pleno del Congreso local, cuando se emitió la Declaratoria de Vigencia y Aplicación de este código, a efecto de dar cumplimiento al decreto por el que se expidió; posteriormente, el día 10 de ese mes se presentó la iniciativa referida, la cual modifica también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la CDMX.
Los operadores jurídicos y la representación popular del recinto de Donceles y Allende, redoblan esfuerzos para generar un sistema de justicia acorde con las nuevas tecnologías y cambios sociales que exigen el nuevo paradigma de la justicia digital y los modelos alternativos de solución de controversias.
En su momento, el secretario técnico de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, magistrado Eliseo Juan Hernández Villaverde, sostuvo que los integrantes de la Comisión de Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, del Poder Judicial local, de la COCIFAM y de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, laboran conjuntamente en la implementación y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de este mandamiento judicial.
A su vez, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo destacó que la propuesta de establecer la justicia oral en estas materias salió del Poder Judicial local, producto del análisis y experiencia de las y los juzgadores, para posteriormente trasladarse a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y ahora será una realidad a nivel nacional.
En su momento, la magistrada Erika Marlene Zepeda se refirió a la importancia de reconocer y salvaguardar los derechos humanos y establecer los ajustes razonables de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
Las personas magistradas y juezas coincidieron en que la comunicación coordinada entre los poderes Legislativo y Judicial es necesaria para garantizar que la difusión de la información sea la adecuada, lo que permitiría socializar el contenido del Código, acerca de su objetivo y el trabajo que realiza la autoridad en sus diferentes ámbitos de competencia.
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