La Ciudad de México es la segunda entidad con más personas en reclusión y la tercera que menos invierte presupuesto en el Sistema Penitenciario, lo que evidencia el desinterés del gobierno capitalino por las personas privadas de la libertad y la falta de un proyecto de reinserción social efectivo, difundió la integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Oliva Garza de los Santos.
Por lo anterior, la diputada panista que funge como vicepresidenta de la Mesa Directiva del recinto de Donceles y Allende, propuso reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local para crear la Secretaría de Sistema Penitenciario.
En la fundamentación de su iniciativa detalló que, en la actualidad, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que centra sus esfuerzos en la vigilancia de la metrópoli y no presta la atención necesaria a las personas privadas de la libertad, porque su trabajo es de cuidar y no de reinsertar.
Y declaró: “lo que estamos buscando es una institución independiente, con presupuesto propio, con personal especializado, concentrado totalmente en el trabajo de reinserción social y no en otros temas como el de la seguridad de la ciudad”.
La congresista de Acción Nacional dijo que es de lamentar que el Sistema Penitenciario capitalino opere como un sistema estrictamente punitivo, en donde los internos purgan una sentencia proporcional al delito que cometieron, pero lo hacen en condiciones inhumanas que está lejos de lo que debe ser un proceso de reinserción social.
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Oliva Garza hizo notar que “el 40 por ciento de las personas regresa a prisión después de obtener su libertad, es decir, no tuvo una reinserción social efectiva, no la tuvo porque al gobierno capitalino no le interesa, no invierte, por eso es necesario que haya una Secretaría exclusiva para este tema y se dé una verdadera reinserción social”.
Además, confirmó que el Instituto de Reinserción Social del gobierno de la Ciudad de México opera también sin presupuesto, lo que demuestra que no existe una política pública actual que esté dirigida a las personas en reclusión y que tenga realmente la intención de evitar su reincidencia.
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