Después de la defraudación masiva que hubo para quienes adquirieron boletos para el concierto del reggetonero Bad Bunny en el Estadio Azteca, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de que Ticketmaster haga el resarcimiento de daños a las personas afectadas, además de las multas que se le impongan desde el ámbito federal, a pesar de que la empresa dio a conocer desde el viernes pasado que hará el reembolso a los afectados.
En conferencia de prensa dijo que el Congreso capitalino tendría que revisar la conveniencia de incluir en el Código Penal de la Ciudad de México la falsificación y reventa de boletos.
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“Tienen que revisarlo los diputados, debe haber una responsabilidad de la empresa porque no solamente es el revendedor que comete una falta cívica, sino una infracción, sino la empresa es la que vende los boletos. Tiene que intervenir la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a revisar, apareció en los medios que va a haber multas, pero si tiene que haber un resarcimiento para las personas que fueron defraudas”, indicó.
Al respecto, el diputado local Gonzalo Espina Miranda dio a conocer que trabaja en modificaciones al Código Penal por el delito de fraude, así como aumentar las penas e integrar una fracción al hecho delictivo de este ilícito, a la cual se prevea a la preventa de boletos como delito, con sanciones de prisión y de manera económica.
“Debe clasificarse como un delito federal la falsificación de boletos para espectáculos, deporte y cultura, “y las empresas deben hacerse responsables de sus productos; ya basta de que también la empresa Ticketmaster tenga el monopolio de los espectáculos, hay que regular en la materia”.
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Espina Miranda añadió que falsificar o revender tiene que ver con una actividad ilícita, ya que por ello se generan ganancias fuera de la ley.
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El panista subrayó que no basta con sólo multas económicas como actualmente se castiga en algunos casos, que ascienden a prácticamente 2 mil a 4 mil veces la Unidad de Medida y Actualización. En 2022, se traduce en 96.22 pesos, es decir, da un total mínimo de 192 mil 440 pesos, y un máximo de 384 mil 880 pesos.
Refirió que hasta el momento hay un vacío legal parlamentario e institucional para los consumidores ante abusos de algunas empresas.
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