En el Congreso de la Ciudad de México se consolidaron reformas a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, a fin de garantizar el reconocimiento a la diversidad sexual y de género de los ciudadanos de 60 años y más, así como cuenten con un acceso efectivo a la información pública y a una protección y provisión más amplia de sus necesidades básicas.
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Congresistas dispusieron lo anterior, ante el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido el crecimiento poblacional de los mayores de 60 años, grupo que alcanzará mil millones de personas a finales de la década.
El presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, diputado morenista Alberto Martínez Urincho, durante la presentación del dictamen avalado, sostuvo que el incremento de las personas adultas mayores de 60 años avanza rápidamente a nivel mundial.
Refirió que, ante esa situación, son numerosos los esfuerzos por incrementar la notoriedad y el uso de las normas internacionales de derechos humanos para abordar la difícil situación de millones de mujeres y hombres mayores en el mundo entero.
Asimismo, el legislador de Morena argumentó que el incremento de ese sector poblacional, ha expuesto, por desgracia, la carencia de mecanismos de protección lo suficientemente adecuados y las lagunas existentes en las normas, así como las políticas que deberían proteger a los de 60 y más.
Las personas nacen libres e iguales en derechos
Definió que para abordar estas carencias se bebe tener en cuenta que toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna y sin importar su edad, ni el grupo social al que pertenece; y que la dinámica social exige integrar políticas públicas y programas de todos los niveles.
Martínez Urincho expuso que la discriminación múltiple es una circunstancia social que figura como un componente negativo que imposibilita el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores, ya que suele combinarse con otros factores discriminatorios, tales como el sexo, el género, la situación socioeconómica, la condición étnica, el estado de salud o la falta de acceso a tecnologías de la información.
“Por ello, es indispensable garantizar que los grupos de población en situación de vulnerabilidad ocupen un lugar privilegiado y sigan siendo directriz en la agenda de derechos de la Ciudad de México, adoptándose todas las medidas necesarias para proteger y promover sus derechos”, remató.
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