Con 15 votos a favor y 6 en contra, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso Local aprobaron el dictamen para la despenalización total del aborto en la capital mexicana.
A fin de que ninguna mujer sea castigada con cárcel en caso de interrumpir su embarazo en cualquier etapa de la gestación.
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Y dónde se busca eliminar el aborto como delito en el Código Penal local, para evitar su criminalización y estigmatización.
La iniciativa presentada por Morena pretende que ninguna mujer pueda ser llevada ante la justicia o criminalizada por abortar; aunque los legisladores de la oposición y algunos que consideraron que la propuesta iba en contra de sus valores y creencias votaron en contra del dictamen debido a que consideran que se trataba de una propuesta que atentaba contra el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dijo que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.
Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.
En tanto, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) externó que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes.
Precisó que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77% realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.
A su vez, la legisladora América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) indicó que no se han tomado en cuenta las propuestas de las asociaciones pro vidas, apoyada con más de 30 mil firmas. Enumeró sus argumentos en contra de la reforma, entre los cuales señaló quitar el límite de semanas para abortar; con lo que dijo, se busca sólo “matar con impunidad” y “legalizar el homicidio calificado con alevosía y ventaja”.
Mujeres podrán interrumpir su embarazo sin ser criminalizadas
Por su parte, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) explicó que las modificaciones al Código Penal local, pretende que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no sean criminalizadas por buscar la libertad de decidir sobre su vida y cuerpo.
Afirmó que esta reforma busca despenalizar el aborto y precisó que con esto no se pretende modificar el consenso de 12 semanas como límite para tomar la decisión de las mujeres a practicarse un aborto.
La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) insistió en la importancia de proteger la vida desde la concepción, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos.
“Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente”, argumentó, con relación al derecho a la vida del nasciturus, o niño no nacido, a quien se debe reconocer su calidad de persona.
La diputada Lizzet Vanessa Bernal Rabadán (PAN) señaló no acompañar el dictamen, ya que no se han escuchado las voces de la sociedad y hace falta atender diversas problemáticas para garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos sexuales, ya que se sigue revictimizando a quienes desean interrumpir el embarazo o son víctimas de delitos.
Propuso reforzar la educación sexual, atacar la violencia obstétrica y resolver temas como los feminicidios y la violencia de género.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) expresó que la despenalización del aborto no sólo es una cuestión de salud pública sino un tema de justicia social y libre decisión; que “los derechos humanos no se debaten ni se condicionan”; y tampoco se deben penalizar.
Recordó que la lucha por los derechos a decidir de la mujer ha tenido avances en diversos países de América Latina, pero afirmó que ha sido punta de lanza la CDMX, donde en 2007 se aprobó por primera vez la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
En su posicionamiento, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) afirmó que esta reforma busca derogar el delito de aborto del Código Penal, autorizando interrumpir el embarazo en cualquier etapa.
Señaló que permitir el aborto hasta un día antes del nacimiento, genera un desequilibrio entre los derechos de las mujeres con los del no nacido, por lo que se violaría el derecho a la vida.
La diputada Patricia Urriza Arellano (MC) recordó que el aborto actualmente ya está legalizado, después de un movimiento de décadas del feminismo; y consideró que la penalización del aborto afecta a las mujeres más vulnerables, que no tienen recursos ni acceso a asesorías o defensa jurídica, por lo que es punitivista y criminaliza la pobreza.
El legislador Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) se refirió a las consecuencias médicas que puede padecer la mujer por practicarse un aborto en estado gestacional avanzado, por ello se manifestó a favor de que esta información esté al alcance de todas las mujeres, así como de la prevención para que puedan tomar mejor “sus decisiones difíciles y complejas, sobre su cuerpo y su vida”.
La legisladora Tania Nanette Larios Pérez (PRI) enfatizó que gracias a las luchas ciudadanas se ha avanzado en la protección de derechos contra la estigmatización de las mujeres, y contra las visiones que reproducen esta violencia, aun cuando desde 2007 se ha avanzado jurídicamente.
Apuntó que esta reforma es trascendente “para que ninguna mujer en la Ciudad de México sea criminalizada y vaya a prisión por decidir sobre su cuerpo”, al ya no existir un tipo penal que permita esta injusticia.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) aseguró que esta reforma responde a la voz de las mujeres que han salido a las calles para exigir su derecho a decidir.
“Eliminar el aborto como delito es un paso clave hacia la protección de los derecho de las mujeres y la salud pública”; y que el acceso legal y seguro al aborto es necesario para la equidad de género.
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