El tipificar y sancionar la intimidación electoral promueve el grupo parlamentario del PRI en el Congreso capitalino, a través de reformas diversas disposiciones de la Ley Procesal Electoral y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos de la Ciudad de México.
Al respecto, al explicar la iniciativa que promueve con el apoyo de la diputación priísta, el congresista de ese partido, Fausto Manuel Zamorano Esparza, fundamentó que durante el presente proceso electoral la población ha sido testigo de un preocupante deterioro en el ambiente político, marcado por intimidaciones y actos de violencia.
Recordó que se han presenciado casos alarmantes de actores políticos que recurren a tácticas de intimidación y violencia para silenciar a sus oponentes políticos y con ello, socavar el ejercicio libre y equitativo de la democracia.
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El representante popular del Revolucionario Institucional se mostró a favor de cambios legales para tipificar y sancionar la intimidación electoral, con el objeto de enviar un mensaje contundente de que este tipo de prácticas no serán toleradas en una sociedad democrática y pluralista.
Zamorano Esparza, aclaró que la intimidación y la violencia político-electoral atentan contra la integridad física y psicológica de los candidatos afectados, y representan una afrenta a los principios fundamentales de igualdad, libertad y justicia que sustentan nuestro sistema democrático.
Refirió que estas acciones antidemocráticas distorsionan el juego limpio y equitativo en la contienda electoral, al socavar la legitimidad de los resultados electorales y debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, por lo que resulta inaceptable que en una sociedad democrática como la actual, algunos actores políticos recurran a la intimidación y la violencia para obstaculizar la participación de sus oponentes en la contienda electoral.
Dijo que combatir la intimidación electoral es fundamental para avanzar hacia una ciudad donde se respeten plenamente los derechos político-electorales de todas y todos los ciudadanos, así como para asegurar elecciones limpias y libres de violencia.
En su propuesta que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido Magos, turnó para la su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales del órgano deliberativo, propone que se entenderá por intimidación electoral “cualquier acción destinada a coaccionar, intimidar o amenazar a candidatos con el propósito de impedir el ejercicio legítimo de sus derechos políticos-electorales, tales como el proselitismo”.
Mencionó que este acto puede manifestarse a través de amenazas verbales, físicas, psicológicas, acoso, violencia, obstrucción de acceso a eventos públicos y actividades proselitistas, daño a la propiedad, o cualquier otro medio que genere un ambiente de temor o coacción que afecte el normal desarrollo del proceso electoral.
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Aclaró que también resulta fundamental que, de la misma manera, se asiente que cualquier acción llevada a cabo durante el período de campaña, que sea considerada como intimidación electoral, según lo definido por la ley, se sancione de conformidad con la legislación electoral vigente.
Delineó que en este sentido las autoridades electorales estarán facultadas para investigar, procesar y sancionar las conductas que constituyan intimidación electoral, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Procesal y las disposiciones legales y electorales aplicables
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