Con 43 votos a favor por parte de la fracción parlamentaria de Morena y 17 en contra que corresponden a los partidos que conforman la oposición en el Congreso de la Ciudad de México, con el carácter de integrante del Constituyente Permanente se avaló la minuta con proyecto de decreto que propone la reforma del párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.
En sesión a la que se convocó en los primeros minutos del jueves, se discutió el documento en el recinto de Donceles y Allende, que a decir de la diputada morenista Yuriri Ayala Zúñiga, representa una medida cautelar para evitar que los delincuentes evadan la justicia, con énfasis en delitos como el tráfico de fentanilo que afecta a la ciudadanía, pero sobre todo a los adolescentes.
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La medida cautelar puesta a consideración pretende evitar que el presunto delincuente se escape y cumpla con el proceso correspondiente, asimismo abona a defender a las víctimas, para asegurarles el acceso a la justicia y la verdad.
En contra de los delitos graves
Al participar desde la tribuna del Poder Legislativo local, la congresista de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, indicó que la minuta que hizo llegar el Senado es muestra del compromiso con la ciudadanía.
Delineó que la prisión preventiva oficiosa es un instrumento que permitirá que las investigaciones se puedan llevar a cabo sin violar los derechos humanos, al tiempo que acotó que se dará certeza y justicia a las familias que sufren día a día problemas de inseguridad.
Por el Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya respaldó los cambios al Artículo 19 constitucional debido a que permite fortalecer la actividad del Estado contra la delincuencia, en particular contra el tráfico de fentanilo. Aseguró que no vulnera la presunción de inocencia, y se enfoca en combatir delitos graves y de alto impacto, al evitar que los imputados sigan sus actividades ilícitas durante el proceso judicial.
De la fracción parlamentaria del PVEM, el legislador Manuel Talayero Pariente defendió que se haya excluido la defraudación fiscal, porque incluirlos en la prisión preventiva oficiosa podría haber ocasionado un “golpe muy fuerte para el sector productivo del país”. Agregó que esta reforma permitirá dar un paso a un sistema de justicia más equilibrado, donde los verdaderos culpables serán encarcelados.
En tanto la legisladora verde ecologista Rebeca Peralta León, estimó que la reforma es necesaria porque México enfrenta altos índices de violencia; porque la extorsión se ha incrementado afectando a las familias y a los sectores productivos del país. Este panorama exige una respuesta contundente del Estado y dijo que sólo se trata de una medida cautelar y no de una condena anticipada; el objetivo es evitar que los implicados cometan nuevos delitos.
Reforma podría ser usada en venganza, alertan opositores
Fue la coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, la congresista Esther Silvia Sánchez Barrios, quien celebró que los senadores y diputados federales reforzaran el marco legal, privilegiando con ello la seguridad y, estimó que la presunción de inocencia es una medida para proteger la libertad individual, la cual es base fundamental del Estado, y que en este caso es necesario que el beneficio de la mayoría esté por encima del derecho individual, enfatizando así la necesidad de aplicar estas medidas legales.
Luego de confirmar que su voto sería en contra, el diputado Ricardo Rubio Torres, del grupo parlamentario del PAN calificó la reforma como regresiva, al ir en contra de los derechos humanos y porque sólo servirá para encarcelar opositores.
“Y es de dictadores perseguir opositores”, sentenció para luego exponer que se excluyen delitos como la defraudación fiscal y el narcomenudeo que representa en la Ciudad de México el ciento por ciento de impunidad y aquí “el que la hace no la paga”.
Para la coordinadora de la bancada del PRI, la congresista Tania Nanette Larios Pérez la reforma no resolverá los problemas, “es una falacia”, porque el sistema penal será utilizado como un instrumento de venganza.
Alertó que México debe respetar la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero estos derechos le estorban al régimen y no faltará mucho tiempo para intentar desaparecerlos. La reforma sólo aleja de la justicia y “nos arrastra hacia la arbitrariedad”, porque sólo la utilizan como herramienta de sometimiento y abuso de poder.
Retroceso en la Constitución
El diputado priísta Omar Alejandro García Loria externó el rechazo de su grupo parlamentario a la iniciativa, al señalar que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos con el pretexto de combatir el crimen y éste no se resolverá, por el contrario, se afecta a quienes tienen menos recursos para defenderse. “Ninguna persona debería ser declarada culpable antes que se demuestre su responsabilidad”, afirmó.
Con la representación de Movimiento Ciudadano, su coordinador en el Congreso capitalino, diputado Royfid Torres González, dijo que la cárcel sin juicio no es la respuesta y que debería promoverse la denuncia por parte de las víctimas ante la autoridad competente para hacer frente a la delincuencia. Precisó que la incapacidad del Estado para brindar soluciones contundentes costará la validez de los derechos humanos de las y los mexicanos.
La diputada panista Claudia Susana Pérez Romero llamó a alzar la voz en contra de una figura que “vulnera los derechos humanos fundamentales”. Opinó que la prisión preventiva obligatoria revierte el principio de inocencia consagrado en la Constitución, asimismo indicó que la obligatoriedad de esta medida al ser aplicada sin análisis de las circunstancias individuales transgrede los principios de libertad.
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