Con 45 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó en lo general el dictamen de reformas al Código Fiscal sobre la expedición de la licencia de conducir permanente, una de las promesas durante la campaña electoral de la actual Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
El proyecto consistió en la adición de un inciso B. De igual manera, se recorren los subsecuentes del artículo 299 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Gracias a ello, se estableció que durante poco más de un año, a partir del mes de noviembre de 2024, las personas podrán acceder al trámite de la licencia de conducir con vigencia permanente.
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Al subir a tribuna, el diputado perredista Pablo Trejo Pérez, presidente de la Comisión de Hacienda, comentó que esta propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, ayuda a simplificar los procesos administrativos en la materia y contar con una mejor gestión de estos.
Precisó que las modificaciones consisten en adicionar un inciso B) y recorrer los subsecuentes de la fracción II del artículo 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para introducir una licencia permanente de tipo “A” para conducir vehículos particulares, cuyo costo será de mil 500 pesos.
Recursos van para infraestructura pública de transporte y movilidad.
Explicó que esta reforma no es sólo beneficia la recaudación, también es una muestra de confianza de la ciudadanía, al considerar efectivo el manejo de las finanzas. Enfatizó que esto no impide que la Comisión de Movilidad y otros actores trabajen en el diseño de requisitos y elementos a cumplir por las personas que deseen contar con esta licencia.
En sus artículos transitorios, el dictamen establece que a partir de la entrada en vigor del decreto quedan sin efectos disposiciones reglamentarias y administrativas, resoluciones, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que se opongan a lo establecido; y se establece que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se encargará de modificar las disposiciones actuales para su armonización.
Asimismo, se menciona que el gobierno local, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas local, constituirá un fideicomiso público sin estructura, en términos del artículo 15 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para que los recursos recaudados mediante los trámites contenidos en el artículo modificado sean destinados a infraestructura pública de transporte y movilidad.
Al exponer su voto particular, el congresista del partido blanquiazul Ricardo Rubio Torres calificó esta medida como “meramente recaudatoria” y contraria a la política que alentaba a la ciudadanía a adoptar medios de transporte alternativos y generosos con el medio ambiente.
Advirtió que, según cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), de enero 2019 a noviembre de 2023 hubo 6 mil 689 ciclistas atropellados, mientras que en el sexenio que recién concluyó, 300 mil personas fallecieron en accidentes automovilísticos.
Pide oposición exámenes teóricos y prácticos
Al hablar en contra, el legislador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González sostuvo que esta medida sólo beneficiará las finanzas públicas y a los propietarios de vehículos, pues no se cambian las normas de movilidad que han generado accidentes, además de que no se imponen requisitos útiles como exámenes teóricos y prácticos para obtener la licencia.
Al posicionarse a favor del dictamen, la diputada morenista Xóchitl Bravo Espinosa destacó que los recursos que sean recabados por la adquisición de la licencia permanente serán destinados a la infraestructura de movilidad y para promover la cultura vial. Precisó que el objetivo del proceso no es recaudatorio, sino que busca abonar a la construcción de una ciudad con movilidad suficiente para todas y todos.
En contra del dictamen, el diputado panista Federico Chávez Semerena se refirió a las tres mil personas fallecidas en accidentes de tránsito en la capital y consideró que esta medida es recaudatoria y no una política de movilidad. “Es un caos la movilidad en la ciudad”, afirmó, al proponer que la licencia permanente tenga refrendo, como forma de garantizar mediante exámenes que las y los conductores mantengan las facultades necesarias para esta actividad.
Al hablar a favor, el legislador del Verde Ecológico Víctor Gabriel Varela Lópe afirmó que esta reforma es del Código Fiscal, y prevé imponer una contribución a quienes usan vehículos automotores para crear un fideicomiso, como parte del plan de movilidad de la jefa de Gobierno, quien se comprometió a construir 300 kilómetros de ciclovías.
Al expresarse en contra, el congresista de Acción nacional Andrés Sánchez Miranda sostuvo que si bien la modificación refiere sólo al precio de la licencia no se están discutiendo las consecuencias a futuro por tener una licencia permanente, desperdiciando la oportunidad de ordenar a las personas automovilistas, pues no existen requerimientos mínimos de conocimientos técnicos y de salud para poder conducir adecuadamente.
Al pronunciarse a favor, el diputado morenista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra criticó que los diputados federales del PAN en el Congreso propusieran una licencia permanente en todo el país y aquí se opongan. Se trata de combatir la corrupción, modernizar los trámites, simplificar lo administrativo, contar con certeza jurídica, de cumplir el derecho constitucional de la movilidad segura y eliminar los trámites recurrentes. Recordó que en otros países se usan licencias permanentes y se cuenta con infraestructura eficiente.
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