La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México promueve modificar el artículo 256 del Código Penal local en materia de servidores públicos, ante resolución de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) que declaró inconstitucional buena parte del texto.
Al respecto, el diputado panista Ricardo Rubio Torres, promotor de la iniciativa, hizo alusión que “este grupo de personas encuentra un régimen de sanciones especial en caso de violar los principios que imperan en el servicio público o la comisión de algún ilícito”.
En la fundamentación, destacó que el Poder Legislativo local pretendió establecer una doble penalización e incluir en el concepto de servidor público a otros ciudadanos que no lo eran, con lo que se violaron los derechos humanos de personas ajenas al servicio público.
Precisó que el artículo 256 establece doble sanción para aquellas personas que sean servidoras públicas, es decir, una por el sólo hecho de ser servidores públicos y la otra por pertenecer a una asociación civil, que reciba fondos públicos, entre otros supuestos.
El legislador de Acción Nacional expuso que la iniciativa deriva de dos acciones de inconstitucionalidad, la 106/2021 y la 108/2021, presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, respectivamente.
Señaló que la idea es armonizar la legislación local con las disposiciones de la Constitución federal y acatar una resolución del máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De prosperar la iniciativa, serían beneficiadas todas aquellas personas que sean servidoras públicas de la capital del país.
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“Este grupo de personas encuentra un régimen de sanciones especial en caso de violar los principios que imperan en el servicio público o la comisión de algún ilícito.
Es así que el Congreso de la Ciudad de México pretendió establecer una doble penalización e incluir en el concepto de servidor público a otras personas que no lo eran, violando derechos humanos de personas ajenas al servicio público”, remató Rubio Torres.
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