La Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Fiscal local, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, para introducir la posibilidad de obtener una nueva licencia de conducir permanente tipo “A” y contribuir a garantizar el acceso a los derechos de la población relacionados con la movilidad.
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El dictamen aprobado sostiene que la cuota por esta licencia cumplirá con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en la Carta Magna, y asegura que su costo refleja el gasto real que incluye servicios de validación digital, control, registro y mantenimiento del padrón de licencias.
En ese sentido, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD), presidente de la comisión, afirmó que esta reforma al Código Fiscal busca contribuir a simplificar y regular los trámites de la capital, e incluye un fondo para mejorar la infraestructura y la cultura vial.
Asimismo, aseguró que para su dictaminación se respetaron los procesos que marca la normatividad del Congreso local, incluyendo la recepción de opiniones ciudadanas.
A su vez, el legislador Ricardo Rubio Torres (PAN) detalló que las modificaciones consisten en adicionar un inciso B, recorriendo los subsecuentes de la fracción II del artículo 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para introducir una licencia permanente de tipo “A” para conducir vehículos particulares, cuyo costo será de mil 500 pesos, a fin de simplificar los procesos administrativos para las personas conductoras y contar con una mejor gestión de estos trámites.
Instituciones regularán los reglamentos
En los artículos transitorios de la herramienta legislativa se establece que, a partir de la entrada en vigor del decreto, quedarán sin efectos las disposiciones reglamentarias y administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que se opongan a lo establecido; y la Secretaría de Movilidad será responsable de modificar las disposiciones correspondientes para su armonización.
Igualmente, se indica que el gobierno local, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, constituirá un fideicomiso público sin estructura, en términos del artículo 15 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para administrar recursos que deriven de los derechos a que se refiere el artículo modificado, para destinarlos a infraestructura pública de transporte y movilidad.
Por su parte, el congresista Andrés Sánchez Miranda (PAN) se expresó en contra de la propuesta, al señalar que “parece un tema recaudatorio”, en virtud de que se aumentará el costo de la licencia; además dio voz a agrupaciones de ciclistas y peatones quienes solicitaron la acreditación de un examen de competencia vial.
Al posicionarse a favor del dictamen, el diputado Víctor Gabriel Varela López (PVEM) indicó que esta reforma no es motivada sólo por la recaudación económica, pero los recursos beneficiarán la infraestructura peatonal y ciclista.
Agregó que los exámenes de manejo no garantizan que no se produzcan percances vehiculares, mientras que contar con ciclovías impacta positivamente en la seguridad vial.
Al hablar en contra, el legislador Rubio Torres anunció un voto en particular del dictamen y pidió aclarar un error de técnica legislativa en el sentido de que se están planteando dos licencias de tipo A, en el artículo 229 del Código Fiscal: una con un valor de mil 49 pesos que no dice que sea por tres años y otra con un costo de mil 500 pesos, considerada permanente.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) resaltó la reducción del proceso burocrático en la solicitud de licencia, seguridad jurídica de las y los conductores, optimización de recursos y reducción de costos administrativos como impactos positivos de esta reforma al Código Fiscal; acciones que pretenden mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Afirmó que, la modificación propuesta al Código Fiscal regula las contribuciones de la capital y no le compete modificar lo establecido en materia de movilidad.
Al razonar su voto, la diputada Rebeca Peralta León (PVEM) dijo que es adecuada esta medida de apoyo a la ciudadanía y destacó que la reforma permitirá destinar los ingresos recaudados, estimados en mil 326 millones de pesos, para la construcción de proyectos que garanticen el derecho a la movilidad y amplíen opciones de transporte público reduciendo la contaminación.
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