La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamenta los ataques violentos perpetrados en contra de candidatas y candidatos a cargos de elección popular ocurridos en el presente periodo electoral.
Por lo que exhortó a las autoridades competentes a que se investiguen los hechos con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y se garantice el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
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Lamentó el clima de violencia en el que se desarrolla el actual proceso electoral en algunas partes del país, la inseguridad que azuela regiones y la amenaza del crimen organizado, representan un reto para el ejercicio pleno de los derechos político electorales de la ciudadanía, pero no pueden constituir un dique insalvable en la lucha por la consolidación de las conquistas y la ampliación de las libertades de todas y todos los mexicanos.
De ahí que indicó que asegurar la plena vigencia de los derechos del pueblo es tarea del gobierno, pero también de toda la sociedad.
El organismo recordó que el Estado mexicano reconoció mediante la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, que sus ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a la democracia, y el gobierno la obligación de promoverla y defenderla, garantizando su desarrollo en contextos libres de violencia.
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Resaltó que el respeto absoluto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política, como en los Tratados Internacionales de los que México es parte, particularmente los derechos político electorales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituyen condición necesaria para que la democracia representativa sea una realidad.
En tal virtud, esta Comisión Nacional exhorta a toda la ciudadanía a manifestarse sin miedo, y reiteró el llamado a todos los actores, partidos políticos, candidatos, medios de comunicación, autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las autoridades electorales desde luego, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la democracia, que implica el respeto al voto y el derecho a tener elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores.
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